El Gobierno investiga cómo se financia Puigdemont en Bélgica

Las cuentas del Govern muestran que destinó 27 millones a internacionalizar el «procès».

El Gobierno está investigando las vías de financiación de Carles Puigdemont en Bélgica. Ayer su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió de que no van a permitir que se utilice ni un solo euro de los catalanes a sostener la fantasía de Puigdemont sobre el supuesto Gobierno de la Generalitat en el exilio. Ni para el Consejo de la República ni para el Espacio Libre de Bruselas ni para ninguna otra estructura paralela a las instituciones catalanas, que son las que establece el Estatuto de Autonomía y la Constitución. De hecho, las Fuerzas de Seguridad del Estado ya están siguiendo la pista a las posibles vías de financiación que se puedan estar utilizando para sostener la residencia de Waterloo y todos sus gastos personales.

Méndez de Vigo advirtió ayer de que la creación de estructuras en Bruselas es imposible, no tendrán ninguna efectividad ni tampoco podrán estar sostenidas con dinero público. «Son puras irrealidades», sentenció. Desde Moncloa insisten en que la única salida posible para Cataluña pasa por un Gobierno con un presidente no imputado, legal, que se ajuste a la legalidad y que vele por los intereses de todos los catalanes. Al mismo tiempo, el Gobierno valora como un «éxito» de su política la decisión de Puigdemont de dar un paso al lado y aceptar que no puede ser investido presidente de la Generalitat a distancia. Por cierto, la resolución del Parlament del pasado jueves no tiene base para ser impugnada, aunque la están estudiando los servicios jurídicos, porque es una mera declaración política. En ella se reivindica a Puigdemont, a los «presos políticos» y el referéndum ilegal del 1 de octubre. Respecto a la investidura de Jordi Sánchez, número dos de la lista de Puigdemont, dirigente de la ANC, el Gobierno deja la decisión en manos del juez. Sánchez es el candidato propuesto por el ex presidente, pero sigue sin tener el apoyo de ERC, que defiende la candidatura de Oriol Junqueras, en prisión preventiva. El candidato de Puigdemont también está en prisión provisional por los presuntos delitos de sedición, rebelión, prevaricación y malversación. Aunque pudiera ser investido, gracias a un permiso judicial, el Ejecutivo advierte de que en su situación procesal no puede ejercer sus responsabilidades institucionales. «Es sorprendente que se proponga a alguien que está en prisión provisional», defendió Catalá.

La supervisión de las cuentas de la Generalitat ha puesto de manifiesto que la Consejería de Asuntos Institucionales, Exteriores y de Transparencia que lideraba Raul Romeva tenía un presupuesto anual de más de 62 millones de euros, 35 de los cuales eran gastos corrientes justificados (nóminas, etc.). Los otros 27 millones estaban dedicados a sufragar actividades para difundir el proceso independentista catalán con conferencias, viajes, foros, campañas de publicidad e información, etcétera. Así, se ha podido comprobar cómo existía una transferencia anual de dos millones de euros a Diplocat, que se presentaba como un consorcio público-privado con el objeto de «vender» Cataluña en el exterior. Exteriores está resolviendo los «últimos flecos» de la operación de liquidación de Diplocat y de la red de oficinas , que estará totalmente disuelta antes del 15 de abril.