El Gobierno avisa: «Ha dejado poco margen para el diálogo»

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que el proceso participativo celebrado ayer es un “simulacro inútil y estéril” que carece de cualquier tipo de validez democrática y sólo ha servido para “exacerbar” la división entre los catalanes y tensar las relaciones políticas.

Mas ha ido achicando el terreno que tenía Rajoy para ofrecerle una salida política del callejón por el que ha ido avanzando en esta Legislatura de la mano de ERC. Mas ha ido subiendo la apuesta cada vez más al margen de la respuesta jurídica que ha tenido cada uno de los órdagos que ha ido planteando. Sorprendiendo al Gobierno y obligándole a ir a rebufo de sus desafíos. En Moncloa nunca pensaron que Mas llegaría hasta donde se situó ayer, cruzando una línea que supone dinamitar los pocos puentes que quedaban para la negociación. La dificultad para Rajoy es doble, porque el problema en Cataluña tiene sus repercusiones en el resto de España y lo que hace o deja de hacer allí tiene su lectura y su coste en el resto del territorio nacional. Justo ayer, desde Moncloa recordaban los «reiterados» intentos de Rajoy para tender puentes hacia Mas, asumiendo incluso el coste ante su electorado de aceptar reunirse en secreto con él para buscar una salida al órdago independentista. Mas, con su actitud bravucona y desafiante, colocó ayer a Rajoy entre la espada y la pared. Legal o no legal, los independentistas han celebrado su consulta, y Mas en ningún momento ha dado un paso al lado, como se le requería desde el Ejecutivo, sino que, al contrario, se ha puesto al frente de la desobediencia. Hasta el día de autos, el Gobierno colocó todos los acentos en la advertencia sobre la ilegalidad de lo que se estaba preparando en Cataluña. Pero esto no ha evitado que el resultado sea un balón de oxígeno para el independentismo. Si Mas se hubiera retirado y hubiera mostrado un discurso más conciliador, el diálogo estaría hoy ya encima de la mesa para intentar reconducir la situación y darle una salida que evitase el adelanto electoral y el riesgo de una Generalitat en manos de Junqueras.

El primer mensaje que ayer difundió Moncloa fue la advertencia de que Mas no conseguirá ningún rédito político de la consulta. El primer objetivo fue intentar contrarrestar la idea de que está ahora en una situación más ventajosa para sentarse a negociar. «Inútil ejercicio antidemocrático», fue la primera valoración de Moncloa de la jornada, que Rajoy siguió en su despacho y en contacto con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y con algunos de sus «hombres de confianza» más vinculados al tema catalán. «El comportamiento del presidente de la Generalitat dificulta mucho el futuro», advertía Moncloa a través de Efe en las primeras horas de votación. El Gobierno también reiteró el mensaje de que no da ninguna validez a los datos de participación facilitados por la Generalitat por la falta de garantías democráticas y de mecanismos de control. El 10-N abre una nueva etapa. Pero en el Gobierno consideran que el clima preelectoral, del que forma parte la consulta, dificulta que pueda haber novedades importantes en el ámbito político. Todo depende de Mas, y en Moncloa no creen que el líder de CiU vaya ahora a dar pasos atrás, sino que, al contrario, su mensaje será el de que no hay vuelta atrás en su ofensiva. Rajoy confía en buena parte su estrategia a las autonómicas y a un posible mal resultado de CiU que les obligue a revisar su estrategia. Dicen en el Gobierno que tarde o temprano tendrán que sentarse a negociar, pero también creen que Mas es un interlocutor con el que no hay margen para llegar a acuerdos, ni siquiera sobre la base de una reforma constitucional. «La deslealtad del nacionalismo condena en estos momentos al fracaso a la reforma constitucional. Nacería muerta», sentencian.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que el 9-N es un acto de propaganda política, sin validez democrática. «Un acto estéril e inútil», sentenció en TVE. Subrayó, asimismo, que el Gobierno catalán ha tratado de ocultar con la votación su fracaso personal. Desde el Ministerio de Justicia se advirtió de que la Generalitat ha renunciado a cualquier apariencia de neutralidad. Una advertencia que deja la puerta abierta a las consecuencias penales que de ello podrían derivarse. Pero el Gobierno no quiso adelantar nada más anoche. La cautela por encima del golpe en la mesa en respuesta al desafío de Mas. El ministro sí confirmó que trasladará a los tribunales los posibles delitos. Y ahí se quedó.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que el proceso participativo celebrado hoy es un “simulacro inútil y estéril” que carece de cualquier tipo de validez democrática y sólo ha servido para “exacerbar” la división entre los catalanes y tensar las relaciones políticas.

Catalá se pronunció así en una comparecencia pública, sin preguntas, al término de la jornada en la que se ha desarrollado el proceso participativo convocado por la Generalitat de Cataluña.

El ministro ha acusado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, de haber promovido esta jornada para “ocultar su fracaso personal” de no haber podido celebrar la consulta que fue declarada ilegal y ha recordado que la Fiscalía recaba datos para ver si existen responsabilidades penales y, de ser así, ejercer en los próximos días las acciones legales que correspondan,

A juicio del Ejecutivo, se ha desarrollado una “jornada de propaganda política, organizada por fuerzas partidarias de la independencia y carente de cualquier tipo de validez democrática”.

Catalá ha recordado que España es un régimen democrático consolidado, con libertad de expresión y manifestación, y en el que las consultas a la ciudadanía se rigen por estrictas normas para garantizar la imparcialidad y la legalidad, dos requisitos que no se han dado en la jornada de hoy.

En ese sentido, ha indicado que el proceso se ha llevado a cabo al margen de cualquier marco jurídico, no tiene amparo ni en las leyes catalanas ni en un decreto de convocatoria y sus promotores han renunciado a la neutralidad, “convertidos en juez y parte del proceso” y sin ni siquiera garantizar la igualdad de los catalanes ante el mismo.

Por ello, ha insistido en que se trata de un acto de “pura propaganda”, sin efectos jurídicos y que “sólo ha servido para exacerbar la división entre los catalanes, para tensar las relaciones políticas dentro y fuera de Cataluña.