El Gobierno cambiará la ley para que los etarras no cobren ningún subsidio

Después del batacazo que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dio a España y a las víctimas del terrorismo con la derogación de la «doctrina Parot», el Gobierno trata de minimizar el impacto y las consecuencias que supone esta sentencia.

Después del batacazo que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dio a España y a las víctimas del terrorismo con la derogación de la «doctrina Parot», el Gobierno trata de minimizar el impacto y las consecuencias que supone esta sentencia. En esta ocasión estudia tomar medidas para evitar que los presos de ETA puedan cobrar el subsidio de excarcelación. Aunque el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya dejó claro que no pagará a Inés del Río la indemnización de 30.000 euros impuesta por Estrasburgo; la etarra podría llegar a cobrar 7.668 euros de un subsidio por desempleo.

Por ello, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se comprometió ayer a buscar una fórmula para impedir que los terroristas de ETA y delincuentes más peligrosos que puedan ser excarcelados, en cumplimiento de la derogación de la «doctrina Parot», cobren un subsidio estipulado por ley.

El Ministerio de Interior, en colaboración con el de Empleo y Seguridad Social, deberá «reconsiderar los requisitos objetivos y subjetivos que la Ley de Seguridad Social exige en particular para la percepción del subsidio de excarcelación». Para alcanzar este objetivo, el ministro se comprometió ayer a buscar «el mayor consenso posible» en el plazo de tres semanas, por lo que trasladó al Congreso de los Diputados la disposición del Gobierno para recibir todas las aportaciones de los grupos para la derrota total del terrorismo.

Fernández Díaz respondía con esta iniciativa a la interpelación presentada por la diputada de UPyD, Rosa Díez, «sobre los propósitos del Gobierno en relación con la percepción del subsidio de desempleo por parte de terroristas excarcelados que no han mostrado arrepentimiento ni colaboración con la Justicia». Al mismo tiempo, Fernández mostró su disposición para estudiar mecanismos legales con el fin de evitar que los etarras excarcelados puedan recurrir el bloqueo de las indemnizaciones a las que tienen derecho cuando se alarga su estancia en la cárcel.

En concreto la ley a estudio es la Ley de Seguridad Social de 1994, una norma que establece el derecho a cobrar el subsidio de desempleo a quienes hayan sido excarcelados y no tengan derecho a la prestación por desempleo, siempre que la privación de libertad haya sido por un tiempo superior a seis meses. El recluso además deberá carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

La fórmula que estudian Interior y Empleo estaría dirigida a ver la posibilidad legal de fijar, precisamente, como un requisito para la percepción de ayudas la satisfacción de la responsabilidad civil para los delitos graves, como el de terrorismo.

El ministro del Interior indicó que el Gobierno «estará vigilante en cuanto al cumplimiento de la responsabilidad civil por parte de los terroristas por las indemnizaciones a las que han sido condenados. Además, Jorge Fernández afirmó que el Gobierno estará a la altura de las circunstancias en cuanto a las demandas de los ciudadanos y, especialmente, de las víctimas del terrorismo y recordó que es algo en lo que el Ministerio ya viene trabajando para evitar «que se den situaciones indeseables por los abusos que pudiesen hacer los terroristas excarcelados de los beneficios que el sistema les otorga». De hecho, concretó que ya le han negado ayudas a 40 personas que pertenecen o pertenecieron a ETA. «El Gobierno está desde el primer día trabajando para evitar que los terroristas se beneficien de las prestaciones sociales del Estado que han tratado de dinamitar», informa Ep.

El titular de Interior volvió a recordar la alarma social que ha provocado «la excarcelación reciente de dos asesinos, que no han dado ninguna muestra de arrepentimiento». Ya son 36 los miembros de la banda terrorista que han solicitado acogerse al fallo de Estrasburgo y han solicitado la libertad. De estos 36 etarras Juan Manuel Piriz López, fue puesto en libertad además del violador Arturo García Carbonei, dos de los cuales podrían solicitar este subsidio de 426 euros durante 18 meses –el equivalente al 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples– a la que podría acogerse durante seis meses «prorrogables por otros dos periodos de igual duración hasta un máximo de 18.

EL DATO

36 etarras

A esta cifra asciende el número de miembros de la banda terrorista que ha solicitado acogerse al fallo de la derogación de la «doctrina Parot». Uno de ellos –Píriz– ya está en libertad como Del Río.