El Gobierno devolverá el dinero a futuros beneficiarios de Justicia Gratuita

Las modificaciones anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en la ley de tasas judiciales tendrán carácter retroactivo para los futuros beneficiarios de la Justicia Gratuita, como recogerá el Real Decreto Ley que el Ejecutivo aprobará mañana en Consejo de Ministros.

Fuentes del Ministerio de Justicia han explicado hoy que los cambios en las tasas serán aplicados al día siguiente de la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sin necesidad de esperar a los nuevos formularios que el Ministerio de Hacienda entregará en las próximas semanas.

La norma que será aprobada mañana introduce modificaciones en la ley de tasas al mismo tiempo que anticipa aspectos del anteproyecto de la ley de Justicia Gratuita, que se encuentra actualmente en fase consultiva con distintos organismos.

Los cambios en las tasas se producen tras una valoración del Gobierno sobre los dos primeros meses de aplicación y a partir de las recomendaciones de la defensora del pueblo, Soledad Becerril, trasladadas a Gallardón que, según las fuentes, han servido de "palanca"para modificar unas tasas que en casos concretos tenían un "carácter lesivo".

Las fuentes han precisado que el Gobierno no atenderá las peticiones de derogación de las tasas porque la norma va en línea con el modelo de cofinanciación de la Administración de Justicia de los países comunitarios, que en el caso español cifran en 4.000 millones, de los cuales el 90 por ciento procede de los impuestos y el 10 de las tasas.

La principal novedad que incorpora el Real Decreto es que todas las nuevas normas de Justicia Gratuita se retrotraen al momento de entrada en vigor de las tasas, es decir, al pasado 17 de diciembre.

Así, se procederá al reintegro de las tasas a todas las personas que lo soliciten ante la comisión de Justicia Gratuita de cada comunidad autónoma, si bien la devolución sólo afecta a la tasa y no así a los abogados, procuradores del que están excluidos los beneficiarios de la ley.

En un adelanto de la ley de Justicia Gratuita, el Real Decreto incorporará a las víctimas de violencia de género, del terrorismo, de la trata de seres humanos, a menores y discapacitados psíquicos víctimas de abuso o maltrato, y a aquellos que sufran graves secuelas permanentes tras un accidente de tráfico.

Estos colectivos podrán beneficiarse, desde la entrada en vigor del decreto ley, del nuevo marco de Justicia Gratuita, cuya tramitación parlamentaria se producirá en el segundo semestre del año, con independencia del umbral de renta del que dispongan y en aquellos procesos que se deriven de su condición.

Entre las principales novedades en la ley de tasas se produce un cambio en la parte variable de la tasa entre las personas físicas, tanto en primera como en segunda instancia, que pasa del 0,5 por ciento al 0,10 por ciento en función del pleito, mientras que el porcentaje aplicado a las personas jurídicas no sufre alteración.

Se limita al 50 por ciento el pago de la tasa en los procesos administrativos en los que la cuantía supere a la sanción en cuestión como, por ejemplo, en aquellas multas de tráfico en las cuales la retribución de la tasa era superior a la propia multa que se reclamaba.

En los casos de ejecuciones hipotecarias, el banco asumirá el pago de la tasa aun en el supuesto de que gane el proceso judicial, por tanto no podrá incluir la cuantía abonada en las costas de la otra parte.

También equiparará a los funcionarios con el resto de trabajadores al aplicarles la reducción del 60 por ciento en segunda instancia al total de la tasa, como habían demandado los sindicatos, y recogido la defensora del pueblo.

La tasa quedará exenta, además, en aquellos casos que no lleguen a los tribunales porque las partes acuerden una solución extrajudicial, con la finalidad de fomentar que los sistemas arbitrarios de consumo y de acortar los plazos de resolución del conflicto en cuestión.

Además, en los procedimientos de familia, no se abonará ninguna tasa en las separaciones y divorcios que se produzcan de mutuo acuerdo.

En los dos primeros meses desde la entrada en vigor de la ley de tasas se han recaudado 17,9 millones de euros, dentro de una previsión que el Gobierno cifró en 306 millones para este año, una cifra que sólo tiene en cuenta la parte fija y no la variable de la tasa, que no se puede determinar.