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El Gobierno expulsa a los inmigrantes que entraron a Ceuta con un acuerdo de 1992

La norma se ha incumplido de forma reiterada y supone un paso atrás en la política migratoria de Sánchez

  • Los inmigrantes a su llegada al CETI de Ceuta/Foto: Reuters
    Los inmigrantes a su llegada al CETI de Ceuta/Foto: Reuters
Madrid.

Tiempo de lectura 4 min.

24 de agosto de 2018. 05:09h

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Pedro del Corral.  Madrid. 23/8/2018

Poco más de 12 horas les ha durado la alegría a los inmigrantes que este miércoles accedieron con esperanzas a Ceuta. Llegaron eufóricos, su sueño estaba cada vez más cerca. Incluso rozaron las mieles de un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes desbordado. Lo importante para ellos no era el espacio, sino simplemente pisarlo. Pero, nada más tomar conciencia de su nueva situación, una operación especial entre España y Marruecos les obligaba a abandonar el país, en pleno debate sobre la inmigración.

Este protocolo de actuación está basado en un acuerdo que Madrid y Rabat firmaron en 1992 para la readmisión de personas que entran ilegalmente en el país, pero que ha permanecido prácticamente sin utilizar y olvidado en un cajón desde entonces. En él se dispone que Marruecos «a petición formal de las autoridades» españolas, se hará cargo de los nacionales de terceros países que entren ilegalmente a través de sus fronteras en territorio español. Se trata de un pacto firmado por José Luís Corcuera –bajo el gobierno de Felipe González– que empezó a aplicarse a los tres años. Entre 1992 y 2005, sin embargo, apenas se utilizó en 114 ocasiones.

Esta maniobra tiene lugar después de que el miércoles, más de 300 migrantes atravesasen la valla repitiendo el «modus operandi» del salto masivo que tuvo lugar el pasado 26 de julio y en el que consiguieron acceder al territorio español 602 personas. Entraron por la zona del Arroyo de las Bombas, aprovechando la hora del rezo de la Pascua musulmana y utilizando cizallas y mazos que les permitieron romper la valla.

La decisión del Gobierno marca un punto de inflexión en su política migratoria, pues a pesar de que Pedro Sánchez prometió acabar con los rechazos en la frontera, ha reactivado las expulsiones. Todo ello, tras las dos condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las devoluciones «en caliente». En ese sentido, la cartera de Grande-Marlaska aseguró ayer que, en este caso, éstas no pueden calificarse así, pese a que se llevaron a cabo horas después de entrar en España.

En grupos de entre 10 y 20 personas, los 119 subsaharianos fueron entregados a agentes marroquíes a pie del puesto fronterizo de El Tarajal. La operación se fraguó a contrarreloj y gracias a la predisposición del Ejecutivo alauí, que ha aceptado todas las peticiones después de unas negociaciones improvisadas con el equipo de Sánchez y, por el momento, desconocidas. Según ha confirmado LA RAZÓN, el expediente de devolución se ha cursado conforme a la legalidad y con asistencia letrada y sanitaria.

De la misma forma, los efectivos del país vecino evitaron ayer un nuevo asalto por parte de un grupo de 300 personas. Se trataba de los rezagados del salto que se produjo hace tan solo dos días. «No llegaron a nuestra línea», aseguran agentes de la Benemérita a este medio. Sobre todo, «gracias a la rápida intervención de Marruecos», que «estaba preparado y en alerta». Al otro lado de la valla, se desplegaron las fuerzas marroquíes en su totalidad, con unidades caninas y caballos para hacer batidas.

«Un plus de tranquilidad»

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) señaló ayer que las agresiones con cal viva, ácido y excrementos a los agentes que controlaban la frontera el miércoles, «suponen un mensaje claro» de la situación en la que se encuentran». Por eso, con esta normativa, esperan «un cambio en la respuesta de esta violencia» y que «no se quede en un hecho aislado».

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