Cataluña
El Gobierno no cuenta con presupuesto para el plan de choque para abrir fosas comunes
Quiere apoyar a las comunidades para asegurar las localizaciones y exhumaciones pero avisa de que la financiación parte de cero tras no aprobarse las cuentas del Estado, que incluía una partida de 15 millones de euros
El Ministerio de Justicia está a la espera de vías de financiación para “liderar el proceso de exhumaciones” por “humanidad y democracia”
El Gobierno de Pedro Sánchez asume que no cuenta con el presupuesto suficiente para acometer los planes de exhumación que preveía en el territorio español: trabajos de localización y apertura de las foses comunes. De los 15 millones que preveía invertir en 2019 para ejecutar un plan de choque para la exhumación de los cadáveres, ahora el contador ha retrocedido a cero, al inicial, al no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado.
El ministerio de Justicia se ha reunido esta mañana con representantes de todas las comunidades autónomas y ha anunciado un plan de choque de exhumaciones para este año, aunque sin calendario previo ni presupuesto. Según ha anunciado el director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez, la hoja de ruta del grupo de trabajo se centra en la actualización del mapa de las fosas comunes que existen a día de hoy. “Tenemos lo que teníamos al principio, es decir, cero euros”, ha señalado Martínez.
A pesar de esta realidad, Justicia defiende que casi todas las comunidades trabajan ya en los procesos de exhumaciones, porque cuentan con convocatorias de subvenciones. Así, el Ministerio de Justicia “entraría a colaborar en el supuesto de que tuviésemos la financiación para ayudar” a las distintas administraciones autónomas. “Queremos tener toda la información para convenir con las comunidades si tenemos posibilidad económica. En Justicia estamos sensibilizados con la cuestión y vamos a seguir trabajando para tratar de encontrar la vía de financiación”, ha asegurado.
La reunión ha servido para confirmar que “tiene que ser el Estado el que lidere el proceso de exhumaciones, lo que incluye a la administración central, las comunidades, los ayuntamientos y las diputaciones”. A su entender, este proceso es una cuestión “de humanidad, de democracia y de derechos humanos”, requerida por los organismos internacionales humanitarios. A la reunión no ha acudido ningún representante de Cataluña, Castilla La Mancha y Ceuta.
Hasta la fecha no hay datos oficiales sobre las fosas que quedan por exhumar en el país y el Ministerio de Justicia está esperando a la actualización del mapa, por lo que en la reunión mantenida hoy ha pedido a las comunidades que notifiquen “cuanto antes” el número de fosas comunes que tiene cada una en las que aún quedan víctimas de la Guerra Civil por exhumar. Sí ha explicado que entre los años 2000 y 2018 se han realizado 740 aperturas de las fosas y se han identificado y trasladado casi 9.000 cadáveres. Unos trabajos que se ejecutaron durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según ha confirmado el director general para la Memoria Histórica, a nivel de comunidades autónomas, en Euskad no queda ninguna fosa por abrir. En Andalucía, en contra, hay cerca de 709 fosas sin abrir. Por la comunidad andaluza ha asistido a la reunión un representante de Cultura, María Esperanza O’neil Orueta, ex secretaria del Grupo Popular en el parlamento autonómico, a esperas de la designación de un director o directora general de la memoria histórica, tras el nuevo gobierno en Andalucía. Sí que hay 70 intervenciones autorizadas en la comunidad para fosas comunes, muchas de ellas en el Cementerio de Córdoba. En cuanto al gobierno foral navarro sí que esta actualizado el mapa de manera trimestral.
Sobre el proceso de exhumación de Franco, el director general de la Memoria Histórica no ha querido pronunciarse porque a su juicio “no le corresponde”, al haber entrado ya en orden del Consejo de Ministros y ha alegado que “veremos” cuando se le ha preguntado si cree que los restos del dictador salgan del Valle de los Caídos antes de las elecciones. Ha explicado que se ha hecho un “trabajo jurídico muy serio”.
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