El Gobierno pide que Miguel Ricart vuelva a prisión

La Abogacía del Estado ha anunciado a la Audiencia de Valencia la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la excarcelación de Miguel Ricart.

La Abogacía del Estado agotará todas las posibilidades legales para intentar que Miguel Ricart, único condenado por el asesinato de tres niñas en la localidad de Alcàsser (Valencia), vuelva a la prisión de Herrera de la Mancha, la cual abandonó el pasado viernes al considerar la Audiencia de Valencia que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la «doctrina Parot», había sobrepasado el tiempo máximo de permanencia en la cárcel.

Ricart fue detenido en enero de 1993 y condenado a 170 años de prisión por el secuestro, violación y asesinato de las niñas Míriam, Toñi y Desirée, de los que ha cumplido algo menos de 21.

Ahora, los servicios jurídicos del Estado van a intentar que regrese a la cárcel. Para ello, hoy mismo presentará, previsiblemente, un recurso de súplica contra la decisión de la Audiencia de Valencia que ordenó su inmediata puesta en libertad, aunque el plazo para interponerlo vence el jueves.

En el recurso, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes próximas al Ministerio de Justicia, se incidirá en que la Sala que ordenó la excarcelación de Ricart debería solicitar a Instituciones Penitenciarias un nuevo cómputo de beneficios penitenciarios, y, por tanto, una nueva fecha de libertad, para lo cual, desde febrero de 2006, cuando el Tribunal Supremo fijó la «doctrina Parot», esos beneficios se deberían aplicar sobre el total de la condena que le quedase por cumplir hasta alcanzar los 30 años en prisión. «Esto retrasaría al menos unos cuantos meses su exacarcelación», señalaron al respecto las fuentes consultadas.

En un primer momento, la Abogacía del Estado ya señaló que la posible aplicación de la doctrina de Estrasburgo sobre la etarra Inés del Río Prada a otros solicitantes «únicamente procedería respecto de quienes se encuentren en una situación jurídica en la que concurran las mismas circunstancias o elementos que llevaron al TEDH a declarar que existía una violación del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos (CEDH)».

Sin embargo, la Audiencia de Valencia ya rechazó en un primer momento tal criterio, en el auto del pasado lunes, donde se argumentaba la libertad de Ricart. Así se esgrimía al respecto que ,«dado que la decisión dictada en esta causa para la acumulación de condenas y fijación del límite máximo de cumplimiento para la extinción de las responsabilidades penales derivadas de las condenas acumuladas es de fecha anterior a la dictada a la causa examinada» por la sentencia del Tribunal de Estrasburgo –30 de noviembre de 2000–, «no cabe asumir la tesis de la Abogacía del Estado– contraria a lo resuelto en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

Por este motivo, concluía al respecto la Audiencia de Valencia, rechazaba que a Ricart se le liquidase la condena excluyendo las redenciones abonadas «durante el tiempo de cumplimiento transcurrido a partir del 28 de febrero de 2006». Los servicios jurídicos del Estado insistirán hoy, nuevamente, en este mismo argumento. Por otro lado, el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, confirmó ayer que Ricart tiene intención de instalarse en la capital cordobesa. Durante un acto por el Día de la Constitución, Primo Jurado lamentó que «una persona así viniese a esta ciudad», por lo que aseguró que se van a extremar «las medidas de vigilancia y custodia». Sin entrar en detalles, el subdelegado del Gobierno consideró que «hay personas que quieren traerlo» a Córdoba, mientras que recordó que se recurrirá esa libertad.