El Gobierno propone sancionar a las gasolineras flotantes y controlar el fracking

El proyecto de Ley de Evaluación Ambiental que ha enviado hoy el Consejo de Ministros a las Cortes para su aprobación con carácter de urgencia propone sanciones contra las gasolineras flotantes como las que funcionan en el Estrecho de Gibraltar y pide controles para el "fracking".

La norma incorpora una modificación de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para prohibir y sancionar las actividades de riesgo medioambiental en los espacios protegidos y aquellos incluidos en la Red Natura 2000, la máxima figura de conservación natural de la Unión Europea.

El objetivo declarado por el Gobierno es mejorar la coordinación entre todas las comunidades autónomas, simplificar y agilizar los trámites administrativos en el curso de los expedientes, ha recalcado la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.

La propuesta de Ley de Evaluación Ambiental es "garantista", refuerza la protección medioambiental e impulsa el desarrollo sostenible, ha añadido a la prensa el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que ha presentado el proyecto.

Según el responsable de Medio Ambiente, casi 10.000 expedientes de evaluación ambiental están paralizados en las distintas administraciones del Estado, informes que, además, son fuente de contratación, con un impacto estimado de 80.000 empleos y casi mil millones de euros sobre la actividad económica.

Arias Cañete ha insistido en que la tramitación de la ley tiene carácter de urgencia porque hay que reforzar la protección del medio ambiente, pero impulsar el desarrollo sostenible, sin caer en la "desidia administrativa".

Una legislación más homogénea, ha apuntado, evitará la complejidad de evaluación ambiental que requieren nuevas actividades como los proyectos de perforación, exploración, investigación y explotación de hidrocarburos con técnicas como la fracturación hidráulica, conocida como fracking".

El ministro también ha destacado de la ley las modificaciones en el régimen sancionador para tipificar expresamente infracciones como el fondeo permanente de buques-tanque (las llamadas gasolineras flotantes) y los rellenos no permitidos.

Arias Cañete, que entre las varias preguntas de la prensa ha contestado que no tiene planes de incorporarse a otras funciones de gobierno que las que desempeña actualmente, ha apuntado que para la presentación de esta ley no se ha inhibido (como sí hizo en noviembre pasado para declarar zona protegida el Estrecho Oriental) porque no tiene eficacia normativa frente a terceros.

"No me inhibí, porque estoy aquí y presento el proyecto, frente al que tienen responsabilidad soberana las Cortes", ha agregado Arias Cañete, accionista en una de las empresas españolas que almacena búnker.

"Si lo hice en el pasado fue por aplicación de la prudencia hasta el máximo nivel, porque en la empresa de la que soy pequeño accionista no tengo ninguna responsabilidad", ha subrayado.

Sobre el conflicto medioambiental que actualmente enfrenta a España y el Reino Unido, por el "búnkering"en aguas internacionales frente al Estrecho, los espigones que se construyen desde el Peñón y la creación de un arrecife artificial frente a sus aguas, tanto Cañete como Saénz de Santamaría esperan la pronta mediación de la Comisión Europea.

"Con el Reino Unido -ha dicho la vicepresidenta- mantenemos una relación de socios y aliados y trabajamos en un clima de diálogo y cooperación que mantenemos en todos los niveles".

España, sin embargo, no renuncia a la legalidad, la española, la comunitaria y la internacional, ha añadido.

La nueva ley de Evaluación Ambiental introduce por primera vez la obligación de considerar el cambio climático y establece un año de plazo a las distintas administraciones para adecuarse a la norma.