El Gobierno toma el control de las aguas «gibraltareñas»

El Gobierno español quiere acabar con las prácticas que están convirtiendo la Bahía de Algeciras en un vertedero -repostaje de combustible de barco a barco (conocido como «bunkering»), ganar terreno al mar con rellenos del fondo o con escombros, o utilizar determinadas artes de pesca en zonas «sensibles»- y de las que responsabiliza al Gobierno de Gibraltar. Pero, además, quiere dejar claro hasta dónde llega su «jurisdicción y soberanía» sobre las aguas que rodean al Peñón.

Por ello, ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que el Consejo de Ministros acababa de aprobar un real decreto para declarar «zona de especial conservación» el área marítima conocida como el Estrecho Oriental, es decir, todas las aguas que rodean al Peñón y que el Ejecutivo de Fabian Picardo insistió, poco después de conocer la noticia en que, son «de jurisdicción británica».

La decisión se produce después de que la Comisión Europea declarase hace unos meses «Lugar de Importancia Comunitaria» (LIC) a esta misma zona y de que el Tribunal de Justicia de la UE rechazase, el jueves de esta semana, un recurso de Reino Unido, que pedía invalidar la mencionada LIC.

El Gobierno gibraltareño reaccionó señalando que «la decisión (del tribunal europeo) no cambia nada» y anunció que estaba «en contacto permanente con Reino Unido y considerando las acciones apropiadas». Clive Golt, portavoz del ministro principal del Peñón, en contacto telefónico con LA RAZÓN, no especificó esas acciones. «No procede ahora, no es el momento», dijo, aunque aseguró que «si hay que tomar medidas, será Londres, porque éstas son aguas británicas».

Golt, que este fin de semana se desplazará a la capital de Reino Unido con el ministro principal, Fabian Picardo, para asistir a la Conferencia de Territorios Británicos de Ultramar, se remitió, por lo demás, al comunicado de prensa que fue dado a conocer desde Gibraltar ayer por la tarde. Bajo el encabezamiento «España no puede legislar en aguas británicas», el Ejecutivo «llanito» subraya que «es totalmente inaceptable que España pretenda legislar por lo que pueda o no ocurrir en aguas británicas y esto pone de relieve serias cuestiones de principios y de soberanía, que no pueden quedar sin respuesta».

Aunque indudablemente detrás de este rifirrafe diplomático está la eterna pugna por la soberanía del Peñón, el real decreto aprobado ayer pretende salvaguardar el medio ambiente de la zona. Por ello, recoge el establecimiento de un sistema de evaluación, determinación del régimen sancionador y medidas para la colaboración y coordinación con otras administraciones. El Estado, a través del Ministerio de Agricultura, será competente en la protección de la biodiversidad marina, y podrá gestionar los espacios marinos y las especies asociadas a los hábitats.