El Gobierno veta la Ley de Memoria del PSOE por su coste

La Mesa del Congreso, en la que Ciudadanos ostenta un voto decisivo, tendrá la última palabra para tumbarla.

214 millones de euros. Este es el coste en el que el Gobierno cifra la reforma de la Ley de Memoria Histórica propuesta por el PSOE y que prevé, entre otras cuestiones, la concesión de una «indemnización a los beneficiarios de los que fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y los derechos democráticos» de nada menos que 135.000 euros, la creación de un banco de ADN a costa del Estado y que éste asuma la localización, identificación y exhumación de los restos de más de 100.000 personas represaliadas durante la Guerra Civil y el franquismo que se calcula que siguen enterradas en fosas comunes y cunetas. Por su incidencia en las cuentas estatales, el Gobierno ha ejercido su derecho de veto. Una prerrogativa constitucional que le habilita a «oponerse a cualquier iniciativa que implique aumento de gasto o disminución de ingresos». La reforma de la Ley de Memoria Histórica que propone el PSOE supondría, además, incorporar una partida presupuestaria extra ya que, tal como confirmó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, las cuentas actuales no lo prevén.

El Ejecutivo comunicó su decisión ayer al Congreso de los Diputados al filo del plazo establecido para ello y justo un día después de que una delegación socialista se trasladara hasta el Valle de los Caídos, lugar que aspiran a convertir en un centro de la memoria histórica y de cuya Basílica quieren exhumar los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. La decisión del Gobierno, no obstante, todavía tiene que pasar un trámite parlamentario. La Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos tiene mayoría, deberá validar ahora ese veto. En concreto, será la formación de Albert Rivera quien haga valer su voto en la decisión y a tenor del giro que han dado en su estrategia –distanciándose del PP y desbloqueando la derogación de algunas de sus leyes más polémicas– podrían evitar respaldar al Gobierno también en este asunto. A priori desde la formación naranja se opta por la prudencia, señalando que «aunque los vetos no les gustan, son una capacidad que la Constitución le da al Gobierno». Los socialistas, por su parte, apelaron directamente a los de Rivera: «Esperamos que Ciudadanos no apoye en la Mesa del Congreso ese veto, que impide que haya un debate que permita pasar de una vez la página del franquismo y dar resarcimiento moral».

El asunto se ha convertido en una cuestión electoralista y hoy una delegación de eurodiputados de diversas formaciones de extrema izquierda visitará el Valle de Cuelgamuros en un acto organizado por Unidos Podemos «con el objetivo de dar a conocer internacionalmente la situación de impunidad imperante en el Estado español respecto a los crímenes del franquismo». Martin Schirdewan (Die Linke, Alemania), Stelios Kouloglou (Syriza, Grecia), Ana Gomes (PS - S&D, Portugal) acompañarán a Miguel Urbán y Javier Couso, de Unidos Podemos en su ronda por la Basílica.