El hijo de Tejero dirá misa en la inhumación de Franco

Los Franco reciben la «negativa absoluta» a cubrir el féretro con la bandera, «aunque sea sin escudo».

La segunda reunión entre la familia Franco y el Gobierno, a solo unos días de que se produzca la exhumación en el Valle de los Caídos, terminó ayer con la «negativa absoluta» a permitir que se utilice la bandera nacional para cubrir el féretro, según ha sabido LA RAZÓN de fuentes cercanas a los Martínez-Bordiú Franco.

Los deudos del dictador querían usar la misma enseña que el 23 de noviembre de 1975 pudo ver toda España durante el funeral de Estado, celosamente guardada desde entonces por Carmen Polo y sus descendientes, una bandera bordada con el Águila de San Juan que el Ejecutivo rechazó de forma tajante en el encuentro del lunes. El no de la cita de ayer incluye el rechazo a distintivo alguno, «incluso aunque fuera sin escudo», dicen las mismas fuentes, lo que ha indignado a los Martínez-Bordiú Franco y al presidente de la Fundación Franco, el general Juan Chicharro.

Este segundo encuentro, al que asistió Francis Franco junto al abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, se produjo en un ambiente «muy tenso», calentado ya previamente ante el conocimiento por parte del mayor de los nietos varones de Franco de que se rechazaba la práctica totalidad de lo que habían solicitado por escrito al Consejo de Ministros el pasado lunes.

La única concesión de Moncloa ha sido permitir una misa «breve e íntima» en el momento de la inhumación, que será oficiada por Ramón Tejero Díez, hijo del ex teniente coronel Antonio Tejero Molina, cabecilla del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y que hace solo unos días escribía una carta al Papa ensalzando la figura de Franco y pidiendo que su tumba «no sea profanada».

El letrado de la familia había instado a que, «respetando la libertad religiosa de mis representados», pudieran realizarse sendos oficios religiosos en los lugares de exhumación y reinhumación. El primero a cargo del prior de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. Para la posterior eucaristía en El Pardo proponían a Tejero, párroco de La Cala del Moral-Totalán (Málaga). Cantera, que se ha opuesto hasta el final a ceder el paso en Cuelgamuros, no era del agrado del Gobierno, así que el único responso funerario será pronunciado por Tejero, según ha confirmado este diario.

Lo que Moncloa no ha concretado todavía a la familia es el día en el que los restos mortales del dictador serán trasladados al cementerio de Mingorrubio-El Pardo. Esa jornada –acotada por el Gobierno al lunes o martes próximos– se adoptarán las medidas necesarias para que nadie, tampoco los familiares, puedan tomar imágenes ni grabar sonido en los actos de exhumación y reinhumación. En todos estos momentos, así como en el traslado, estará presente la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que debe dar fe como notaria mayor del Reino.

El Consejo de Ministros adoptó el pasado viernes un acuerdo según el cual la exhumación tendrá lugar antes del día 25 de octubre y se acordó que, con al menos 48 horas de antelación, se avisará a la familia y a los medios de comunicación, que podrán ser testigos de la salida de los restos mortales de Franco desde la explanada frente la basílica.

Mientras se apuran los plazos, la Fundación Nacional Francisco Franco ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el último acuerdo del Gobierno, alegando que es una medida «electoralista» y aprobada por un Ejecutivo en funciones, por lo que pide su nulidad, según publicamos ayer.

Mientras se decide sobre el fondo del asunto, la Fundación ha pedido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal que imponga la medida cautelarísima de paralizar el acuerdo, lo que supone que debería adoptarse con urgencia. El Supremo ha dado un plazo de tres días a la Abogacía del Estado para que se pronuncie al respecto.

Pero ayer, la Fundación reclamó por escrito al Alto Tribunal que se agilice por vía de urgencia la resolución de ese último recurso, a fin de que haya respuesta antes de que el Gobierno ejecute la –inminente– extracción de los restos. «De no ser así, los efectos serían ya irreversibles en la consumación de la profanación».