El abogado de Puigdemont dice ahora que no sabe «exactamente» dónde está

Tras confirmar que había regresado a Bélgica, Alonso-Cuevillas dice ahora que no sabe «exactamente dónde está Puigdemont» y si abandonó Finlandia «antes de lo previsto a causa de la euroorden».

Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha asegurado hoy que no sabe "exactamente dónde está"el dirigente independentista, horas después de anunciar en un mensaje de Twitter que su cliente se encontraba a disposición de la justicia belga.

Cuevillas, que acudió al pleno celebrado en el Parlament, afirmó ayer por la mañana a los medios que Puigdemont iba a presentarse ante la policía finlandesa, a raíz de la orden de detención europea dictada por la justicia española, pero unas horas después publicó un tuit en el que explicaba que el expresidente ya no estaba en Finlandia y se encontraba a disposición de la justicia belga.

"Confirmo que el presidente Puigdemont ya no está en Finlandia. Seguirá, como siempre, a disposición de la justicia belga, donde tiene fijada su residencia", rezaba el mensaje de Twitter de Alonso-Cuevillas, que no aclaraba si el expresidente de la Generalitat había regresado a Bélgica.

En una nueva entrevista concedida hoy a Rac1, Alonso-Cuevillas ha señalado que "ahora mismo"no sabe "exactamente dónde está Puigdemont"y si abandonó Finlandia "antes de lo previsto a causa de la euroorden".

Según explicó ayer el diputado finlandés Mikko Kärnä, uno de los anfitriones de Puigdemont en Finlandia, el expresidente de la Generalitat abandonó el país nórdico el viernes por la noche en dirección a Bélgica "por medios desconocidos".

Puigdemont fue buscado a lo largo de todo el día de ayer por las autoridades finlandesas, en cumplimiento de la orden de detención cursada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, por lo que vigilaron todos los puertos y aeropuertos del país nórdico.

Alonso-Cuevillas ha apuntado hoy que "lo más probable"es que se restrinjan los movimientos de Puigdemont en Bélgica, a raíz de la nueva orden de detención dictada por el Tribunal Supremo.

El abogado se ha situado en un "optimismo moderado"porque, igual que sucedió en la vista celebrada el 4 de diciembre pasado en Bélgica en relación con la entrega de Puigdemont, ve "muchas posibilidades"de que la extradición se deniegue o se restrinja.

Detención internacional

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga los hechos relacionados con el 'procés', Pablo Llarena, ha dictado orden de detención internacional para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de que esta no haya acudido a la citación judicial de este viernes y ha reactivado las órdenes de detención para el resto de huidos, entre los que se encuentra el expresidente catalán Carles Puigdemont, han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

El juez que instruye la causa del 'procés' adopta esta medida tras haberlo solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el partido Vox en la vistilla celebrada esta mañana.

La número 'dos' de ERC estaba citada a las 10.30 horas junto con el excandidato a la Presidencia de Cataluña Jordi Turull, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, y los tres exconsejeros Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, para quienes el juez ha acordado su ingreso en prisión por riesgo de fuga y reiteración delictiva. No obstante, la dirigente independentista ha comunicado por carta su intención de no acudir y partir al "exilio".

Adopta esta medida igualmente para la exportavoz de la CUP en el Parlamento catalán, Anna Gabriel, quien no acudió a su citación judicial del pasado 21 de febrero huyendo a Suiza, país donde se encuentra en la actualidad y en el que no rigen las euroórdenes.

Por otro lado, el juez reactiva las euroórdenes y las órdenes de detención internacional que había dictado la Audiencia Nacional contra Puigdemont y sus exconsejeros Clara Ponsatí, Lluis Puig, Toni Comín y Meritxell Serret, que huyeron a Bélgica a finales del pasado mes de octubre.

Llarena las había desactivado poco después de asumir la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, al considerar que existía riesgo de que fueran extraditados por delitos mucho menores.

Efe