Justicia busca recuperar bienes de la Iglesia

La Conferencia Episcopal pide que el registro se haga desde el principio de no discriminación.

El Ejecutivo hizo ayer pública su voluntad de mostrar los bienes inscritos en el Registro de la Propiedad por la Iglesia Católica una vez finalicen la lista que se hallan elaborando. La actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, estudia la manera de hacerlo sin violar la Ley de Protección de Datos y la Ley Hipotecaria.

El Ministerio de Justicia así lo afirmó tras una pregunta realizada por el diputado del PSOE Antonio Hurtado. El Ejecutivo adelantó que «se encontraba procesando los datos para la realización del listado de bienes inmatriculados y se prevé que, una vez finalizado, se proceda a su publicación», siempre atendiendo a la legislación pertinente. El político socialista señaló la necesidad de publicar el listado, ya que «es el punto de partida para poder recuperar parte de esos bienes que, según algún representante de la Iglesia, pueden estar en torno a los 40.000 en todo el territorio español». Hurtado también afirmó que una vez se publicaran los datos y se conocieran los bienes inmatriculados, tanto instituciones como particulares que consideren que alguno de ellos podía ser de su propiedad y hubiesen sido «indebidamente» registrados podrán reclamarlos judicialmente.

Hurtado aprovechó para recordar que la reforma de la Ley Hipotecaria del Gobierno del PP posibilitaba a la Iglesia registrar bienes «sin la necesidad de acreditar que eran de su propiedad, en muchos casos» y que, muchas veces, se trataba de bienes de dominio público, como la plaza del Triunfo, cercana a la Mezquita Catedral de Córdoba, que se encontraba ahora a nombre de la Iglesia».

El actual líder de los populares, Pablo Casado, tras conocer las intenciones socialistas, instó «al Gobierno con más ministros de toda la historia» a preocuparse de «lo más importante». Casado inquirió a Sánchez «que estuviese a lo importante, que defendiera a España y que fuese a Melilla, que es una parte querida».

Señaló que «más que cuestiones que pasaron hace 40 años o relativas a la religión, que tenían que quedar en ámbito privado» necesitaba «la implicación del Gobierno cuanto antes» en otros problemas más trascendentales que azotan al país.

La Conferencia Episcopal también se pronunció al respecto: no valoró la decisión del actual Gobierno, pero sí apuntó que dicha publicación debe hacerse «conforme a la legislación vigente y siempre que opere el principio de no discriminación», según afirmó el vicesecretario económico del organismo Fernando Giménez Barriocanal. Incidió en que la Conferencia Episcopal «no dispone de un registro de bienes inmuebles de la Iglesia».

Según sus propias declaraciones, «en España existen cerca de 40.000 entidades que son reconocidas como Iglesia Católica a nivel civil y que tienen autonomía que le reconocen las normas civiles y canónicas en todo, y también en su capacidad de inmatriculación de inmuebles».