El nuevo modelo de financiación se aprobará cuando haya recuperación

La discusión sobre el modelo de financiación autonómica va a marcar la agenda de este año. Pero no se pasará al plano práctico y habrá bastante de aquello de mucho ruido y pocas nueces.

La discusión sobre el modelo de financiación autonómica va a marcar la agenda de este año. Pero no se pasará al plano práctico y habrá bastante de aquello de mucho ruido y pocas nueces. Es verdad que el sistema que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pactó con el tripartido catalán, que entonces presidía el socialista José Montilla, es ya un cadáver, o al menos así lo ven en la mayoría de las comunidades autónomas. Fue una iniciativa que respondió a razones estrictamente políticas, ya que no estaba condicionado por el tradicional plazo de caducidad a los cincos años. Una cesión de Rodríguez Zapatero a la presión nacionalista que el entonces presidente de la Generalitat llegó a calificar como «el mejor acuerdo» para Cataluña. De hecho, otras comunidades se quejaron de que beneficiaba a esta región y a Andalucía. También es un hecho que el Ejecutivo entiende que los cambios en el actual modelo dependen de la recuperación económica y de que aumente la recaudación. «Sin que mejore la recaudación no hay dinero que repartir», sentencian.

Por tanto, este año se va a trabajar «en la evaluación y en el diseño» de un nuevo modelo, pero su entrada en vigor va a depender de cómo discurra la situación económica. En la actual coyuntura el Ejecutivo ya no sitúa en sus pronósticos la recuperación económica a finales de este ejercicio, sino en 2014. Y esto, lógicamente, condicionará los cambios que se pueden introducir en el sistema que hoy está vigente.

Para calmar el malestar y las tensiones territoriales, agudizadas por las duras exigencias del cumplimiento del déficit, el Gobierno ha puesto ya a rodar esta pelota, y en marcha está, de hecho, la activación de grupos técnicos de trabajo tanto en esta materia como en lo que afecta a los posibles nuevos criterios de reparto de déficit. Pero encajar las piezas llevará su tiempo y exige también de un nuevo contexto, lo que hace que desde el Ejecutivo anticipen que en este ejercicio, «y habrá que ver qué pasa en el futuro», el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) será el instrumento para resolver los problemas financieros de las comunidades y atender incluso posibles operaciones de emergencia. La «espada de Damocles» pende sobre Cataluña y también sobre Valencia.

Ya de por sí la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica es un complejo puzle en el que los intereses territoriales cruzados hacen muy difícil llegar a un acuerdo que sea aceptado por todos. En una situación tan complicada como ésta, esa posibilidad se antoja casi imposible. Y ante la experiencia de anteriores negociaciones, las comunidades del Partido Popular, ahora mayoría, han empezado a hacer frente común ante Hacienda con una cartera compartida de agravios. Sostienen que hasta ahora todas las reformas del sistema de financiación se han hecho primando el pacto con el nacionalismo y, por tanto, beneficiando a Cataluña por encima del conjunto. También exigen que la situación límite de las finanzas de algunas autonomías no implique un perjuicio para aquellas regiones que han cumplido sus deberes. Y que en ningún caso esa urgencia catalana se use como justificación de una negociación bilateral con la Generalitat. Mucho tienen que decir en esta materia las comunidades de Madrid, Valencia y Murcia.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mantiene frecuentes contactos y conversaciones con los presidentes autonómicos del PP y es plenamente consciente de su malestar con la actual situación y de sus recelos sobre el futuro. Desde el Gobierno sostienen que los límites de esta negociación serán la Constitución y preservar el principio de la solidaridad interterritorial.

Advierten también de que el debate del déficit y el de la financiación tienen que ir unidos al de la reforma de la Administración autonómica y municipal. Hasta ahora, en estas dos cuestiones los posibles cambios han avanzado despacio, pero el Gobierno sostiene que este año las dos reformas quedarán resueltas.