El peor escenario posible para la sentencia del "procés"

La investidura fallida de Pedro Sánchez ensombrece el horizonte previsto para hacer público el esperado fallo el próximo otoño, que ahora puede coincidir, si el próximo 23 de septiembre se disuelven las Cortes, con una precampaña electoral y un Gobierno en funciones.

La frustrada investidura de Pedro Sánchez tiene consecuencias colaterales en el escenario en el que, previsiblemente, se hará pública la sentencia del juicio del «procés». A los ineludibles efectos expansivos de esa resolución en la arena política hay que añadir, ahora, un contratiempo inesperado: que el fallo se dé a conocer con un Gobierno en funciones y una campaña electoral a la vuelta de la esquina, una posibilidad de la que ya alertó el pasado viernes la vicepresidenta Carmen Calvo para intentar trasladar la presión a PP y Ciudadanos.

Si en un horizonte de estabilidad la sentencia es capaz por sí sola de sacudir como un seísmo la vida política, en pleno calendario electoral y abocados a unos nuevos comicios las probabilidades se multiplican, justamente lo que menos desea el tribunal, empeñado durante meses en ceñir el proceso contra los líderes independentistas a lindes estrictamente jurídicos.

Una de las máximas sacrosantas de la magistratura es que los tiempos de la Justicia no son los de la política, pero en este caso el calendario político lo ha puesto muy complicado. Solo tres días después de que comenzara el juicio del «procés», el presidente del Gobierno convocaba elecciones generales para el pasado 28 de abril, lo que obligó al tribunal a convivir, en primer lugar, con una áspera campaña electoral en la que el desafío soberanista fue omnipresente objeto de disputas y, después, con las recurrentes peticiones de excarcelación y de permisos extraordinarios de varios acusados convertidos en candidatos. Desde Oriol Junqueras y Raül Romeva (ambos de ERC) a Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez, estos últimos de JxCat.

Si la indeseada convivencia con dos convocatorias electorales no alteró el rumbo del juicio del «procés» –el tribunal incluso concentró al comienzo de la fase testifical a los testigos con mayor peso político, con el ex presidente Mariano Rajoy a la cabeza, para distanciar sus declaraciones de la campaña–, parece improbable que ahora la efervescencia política del próximo septiembre condicione la fecha de notificación de la sentencia.

Y eso que la previsión del tribunal –presidido por Manuel Marchena, ponente también de la resolución, e integrado además por los magistrados Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo y Ana Ferrer– de hacer pública la sentencia en la tercera semana de septiembre (después de la Diada, en todo caso) se da de bruces con una fecha marcada en rojo en el calendario político. El lunes 23, Sánchez mediante, si no se ha producido la investidura se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones. Para entonces, el Ejecutivo socialista llevaría ya 147 días en funciones.

Con unos nuevos comicios el 10 de noviembre, la precampaña sería larga y la refriega política no daría tregua durante todo el mes de octubre, con un Gobierno en parálisis y una oposición en plena rebatiña electoral, la peor hipótesis posible para una sentencia con tantas aristas. Por si fuera poco, el primero de octubre es el aniversario del referéndum ilegal del 1-O, una efeméride que a buen seguro el independentismo aprovechará para exhibir músculo en la calle con concentraciones de protesta.

A eso se refirió precisamente la vicepresidenta del Gobierno en funciones cuando hizo hincapié en la necesidad de contar con un Gobierno estable para hacer frente, con «una respuesta absolutamente tranquilizadora», a los previsibles intentos del independentismo de cuestionar internacionalmente la solidez de la democracia española

Desde el punto de vista procesal, una fecha sí puede condicionar el momento de hacer pública la sentencia: el próximo 16 de octubre se cumplen dos años de la prisión preventiva de los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los primeros en entrar en la cárcel por orden de la entonces magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Quince días después, el 2 de noviembre, quien cumple los dos años de prisión provisional es Oriol Junqueras.

Si para entonces no se conoce el fallo, el Supremo deberá decidir si los deja en libertad, lo que no parece probable dado que la Sala insiste en que persiste el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, o prorroga esa medida provisional dos años más, el límite legal. Para evitar ese paso, el tribunal debería anunciar la sentencia antes de esa fecha.