El PP forzará elecciones con el presidente de Murcia como candidato si hay moción

Tras el interrogatorio no barajan el cambio de candidato: «No lo contempla ni él ni nadie».

«Todo sigue igual». Ésta es la respuesta de la dirección del PP después de que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, declarase ayer ante el juez del Tribunal Superior de Justicia instructor de la causa abierta por el «caso Auditorio», Julián Pérez Templado. Nada cambia y el apoyo, por tanto, se mantiene, salvo que cuando acabe la investigación abierta, el juez decida formalizar su imputación como encausado en el auto de apertura de juicio oral. Y salvo que el presidente de Murcia no aguante la presión política y mediática. Pero su decisión de comparecer ayer ante los medios de comunicación tras el interrogatorio judicial es un signo de que sigue dispuesto a no dar un paso atrás, apuntan fuentes de su entorno para despejar dudas. Desde su círculo más próximo aclaraban también ayer por la tarde que la posibilidad de que él renuncie a su cargo para poner a otra persona en su lugar hasta que el juez resuelva «no se contempla». «No la contemplamos aquí ni la contempla nadie», según las fuentes consultadas, aludiendo de esta manera a la posición de Génova.

Y desde Génova ayer por la tarde no llevaron la contraria a este discurso por lo que Ciudadanos (Cs) pudo comprobar que sus vueltas para justificar su posición y no perder credibilidad no hacen mella en la postura de la dirección popular. La estrategia de Mariano Rajoy y de su partido sólo la puede romper la decisión judicial, y entre tanto se orienta a resistir la presión de la oposición, y si llegase el caso, están dispuestos a ir a elecciones, potestad que compete al presidente regional, antes de someterse a una moción de censura –que el PSOE presentará en diez días– que pudieran perder. Aunque a día de hoy en Génova siguen sin creer que pueda llegar a cerrarse un acuerdo de Ciudadanos con PSOE y Podemos para desbancar de la Presidencia de Murcia a Pedro Antonio Sánchez. «Ellos saben que antes iremos a elecciones», insisten desde las filas populares. Ha habido comunicación entre el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, y el vicesecretario de Cs, José Manuel Villegas. Pero fuentes de la formación naranja niegan que hasta ahora se haya producido ninguna conversación entre Rajoy y Albert Rivera.

En Génova cuentan con que puede pasar bastante tiempo antes de que haya una decisión judicial. Y aun así su intención es mantener en la medida de lo posible su agenda. Celebrar el congreso regional del PP murciano, en el que reelegirán a Pedro Antonio Sánchez como presidente del partido, y seguir sosteniendo el discurso de que «están cumpliendo su acuerdo con Ciudadanos», al margen de que la condición de investigado no haya supuesto su dimisión conforme al pacto de investidura que firmaron.

En el actual contexto hay que valorar que dentro del PP no hay todavía una clara corriente crítica con la decisión de la dirección y de Pedro Antonio Sánchez de aguantar la presión. Esas voces más críticas con los casos de corrupción que han afectado al PP en los últimos años, algunas de ellas situadas en primera línea de la cúpula después de su renovación en 2015, guardan silencio y no han roto de momento el discurso oficial. No hay movimientos de entidad que cuestionen la postura de Moncloa y de Génova, y el cierre de filas que escenifican en público con el presidente de Murcia se corresponde bastante con la situación interna. Esto no ha ocurrido en otros casos recientes, como, por ejemplo, el de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá, cuando los mensajes públicos y privados eran absolutamente contradictorios, aunque después de su fallecimiento se rasguen las vestiduras muchos de los que dejaron de apoyarla en público, y hacía tiempo que iban contra ella en privado.

En el discurso oficial de los populares se está introduciendo además el argumento de que lo que está ocurriendo con el presidente de Murcia demuestra que es un «grave error» la decisión de Ciudadanos de tensar la cuerda para colocar en la condición de investigado el punto de no retorno para la dimisión. Alegan que esto supone indefensión, «porque dejas a cualquier político, del signo que sea, en manos de la Policía y de la Fiscalía, ya que en cuanto a un juez le llegue una denuncia, su obligación es citar a declarar al señalado para que pueda ejercer sus derechos y se respete su presunción de inocencia». «Es un ataque a la presunción de inocencia, y ni ellos mismos lo aplican en todos los casos ni han sido capaces de introducir esta exigencia en la iniciativa regeneracionista que han llevado al Congreso», sentencian. El problema para el PP es que ellos asumieron este «error» para desbloquear la situación política y conseguir los apoyos necesarios para tocar gobierno. «No había otra alternativa», es su argumento de defensa. «Pero lo justo es que no se adopten decisiones hasta que haya un auto de un juez de apertura de un juicio oral». Y de ahí, por ahora, siguen sin moverse.