El PP llevará la «unificación de competencias» en su programa

La Junta Directiva activará hoy el comité electoral para las generales, con Javier Maroto al frente.

El adelanto de las generales trastoca las previsiones de los partidos y obliga a cambiar la agenda con la que preparaban los programas autonómicos y municipales, sobre los que ahora tiene que superponerse el de los comicios del 28-A. Génova ha decidido someter los documentos autonómicos y municipales al nacional, a lo que Pablo Casado ha bautizado como «contrato con el ciudadano», y donde resumirá los ejes de sus compromisos políticos «para toda España». Esta mañana, la Junta Directiva Nacional aprobará el comité electoral de estas elecciones «exprés», que será muy similar al que constituyeron para los comicios de mayo y que dirige el vicesecretario de Organización, Javier Maroto.

El PP incidirá en la idea de que presenta un programa nacional, «igual para toda España», en el que incluirá un amplio capítulo de «reforzamiento institucional», en el que recogerá su compromiso con la aplicación del artículo 155. La dirección nacional no anticipa detalles sobre la redacción de ese punto, que posiblemente formará parte del elenco de propuestas «estrella» que se reservará Casado para anunciar personalmente. En este apartado irán también las reformas para promover una «unificación de competencias» en áreas como Educación o Sanidad. En la dirección nacional esquivan el término «recuperación de competencias», que incomoda en algunas baronías. Aunque no es de descartar que Casado pueda apuntar en esa dirección en campaña, dentro de la exposición de sus compromisos para reforzar la presencia del Estado, la unidad de mercado o el uso del castellano como lengua vehicular, no sólo con la vista en Cataluña, precisan en Génova, sino también ante «la deriva de otras comunidades como Baleares, Valencia o Navarra».

El programa de Casado irá mucho más allá de donde llegó Mariano Rajoy en política territorial o fiscal, por ejemplo. Quien quiera lo podrá interpretar como una enmienda a la acción del Gobierno de Rajoy, aunque la explicación oficial será que han de recuperar señas de identidad que el PP perdió en su etapa de Gobierno.

A Génova no le ha pillado del todo con el pie cambiado el anticipo electoral porque al menos en la preparación de las propuestas lleva trabajando desde la Convención Nacional. La vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, ha impulsado más de 300 reuniones con representantes de sectores de la sociedad civil para pulsar el motor del tejido económico y social. De ahí han llegado a Génova más de 1.500 propuestas, que cribará en la elaboración del programa. Especialmente en el apartado económico y fiscal. Esta estrategia forma parte de la política del nuevo equipo de Génova con la que buscan trasladar la imagen de que están abiertos a la sociedad. Y explica en la pérdida del pulso de la calle parte del desgaste de los últimos años, sobre todo en la conexión con su electorado tradicional. Mientras que el discurso político se señala por lemas que buscan recuperar espacio en el que se les ha colado Vox, al mismo tiempo el PP está aprovechando este despliegue de agenda sectorial para presentarse como «un partido moderado, centrista, y concernido en los problemas de la clase media».

En la Convención Nacional Casado ya detalló los diez compromisos que constituirán su programa de gobierno, y en esos puntos sostendrá las principales reformas con las que pedirá el voto en abril. Entre ellos, recuperar en Cataluña el control de la educación, la seguridad, la hacienda, los medios públicos y las cárceles, aunque para ello habrá que ver si el bloque del centro derecha alcanza o no la mayoría absoluta y respaldan esta intervención. Una revolución fiscal, con bajada de impuestos sobre la renta y el de sociedades; y una nueva ley de Educación, que consagre la libertad de elección educativa de los padres, la enseñanza en castellano, un MIR docente y el impulso a la formación profesional dual. También incidirá en las propuestas para aumentar la natalidad, aunque dudan de que lleguen al extremo de volver a la ley del aborto del 85. Les puede valer como justificación para esquivar ese tema tan delicado en el que el Constitucional aún no ha resuelto su recurso contra la ley de plazos.

Además, incluirá otra reforma de la Administración Pública, que perfeccione la que ejecutó Soraya Sáenz de Santamaría. El nuevo PP entiende que se quedó corta en la simplificación administrativa, y que debe ser más exigente a la hora de garantizar, por ejemplo, que la lengua no sea motivo de discriminación. Esto enlaza con su propuesta de reforma del Estado de las Autonomías para corregir las desigualdades, sin cuestionar, como Vox, la esencia del modelo.