El TS cree que procesar a Puigdemont facilitará su entrega

Se reactivaría la euroorden de detención y la gravedad de los delitos forzaría a la Justicia belga.

La cuenta atrás para que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dicte auto de procesamiento en la causa del «procés» ha entrado en su recta final. Si no sucede nada extraordinario que retrase todo, la previsión es que la última semana de este mes el instructor ponga nombres y delitos por los que, en un principio, deberán responder por los hechos del pasado mes de septiembre que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia y con el ilegal referéndum del 1 de octubre. En estos momentos, la principal diligencia que queda por incorporar a la causa es el informe de la Guardia Civil donde se concrete el dinero público que se gastó en la celebración del referéndum ilegal, aspecto que se considera esencial para poder acusar del delito de malversación de caudales públicos. El retraso en que el Supremo cuente con ese informe o que del mismo se desprenda la necesidad de practicar diligencias imprescindibles es lo que haría que el calendario se retrasara.

En esa lista figurarán, lógicamente, los tres encausados que se encuentran actualmente en prisión, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquim Forn, pero también otros como Marta Rovira, Came Forcadell y el prófugo Carles Puigdemont. El hecho de que la causa se haya declarado compleja, es decir, que se pueda extender la instrucción hasta los 18 meses, no significa ni mucho menos que se vaya a prologar esta fase mucho más de finales de marzo. Sí se ha pretendido con ello tener garantías de que se puedan incorporar diligencias de última hora o disponer del tiempo necesario para analizar la multitud de documentos.

Respecto a Carles Puigdemont, en el auto de procesamiento se declarará su rebeldía y se le procesará «por los delitos más graves», dada la condición que ostentaba y el control que ejerció sobre todos estos hechos. Así, se le imputará rebelión o tentativa de rebelión –existen dudas sobre la tipificación concreta de lo acontecido–, malversación y sedición, según señalaron a este periódico fuentes jurídicas.

La importancia de este procesamiento no radica en el hecho en sí, que también, sino en que ello implicará la reactivación de le euroorden de detención contra el ex presidente catalán y lo que signficaría. En este sentido, se confía en que, a la vista de la gravedad de los delitos por los que debería responder, la Justicia belga se vea en la obligación de acceder a entregar a España a Puigdemont por esas acusaciones, y no sólo por un delito menor, como en un principio parece que era la idea del juez belga al que correspondió en primera instancia resolver esa entrega.

Todos los procesados

De hecho, en el Supremo se espera que las autoridades belgas no pongan problemas ni más palos en la rueda para que pueda responder ante la Justicia española; y de esa forma, celebrar el juicio con todos los procesados presentes en la Sala –a expensas de lo que pueda suceder con la ex dirigente de la CUP Anna Gabriel–. En todo caso, si finalmente la decisión belga se prolongase más allá del inicio de la vista oral, tampoco sería obstáculo para que fuese juzgado posteriormente. «Lo único es que en la vista no se podrá celebrar ninguna prueba que le afecta directamente, ya que éstas deberían practicarse cuando estuviese presente». El hecho de que algunos de los magistrados, en ese supuesto, ya hubiesen intervenido en el procedimiento, bien como instructor, integrante de la Sala de Apelaciones o de enjuiciamiento, no impediría lo más mínimo que pudiesen formar parte del tribunal que juzgaría al ex presidente Puigdemont. De hecho, esto ha sido algo muy habitual cuando en la Audiencia Nacional se ha procesado a alguien en rebeldía y posteriormente, cuando ha sido detenido o entregado por otro país posteriormente ha sido juzgado por magistrado de la misma Sala. «No habría ningún tipo de contaminación» por esa circunstancia, afirmaron al respecto las fuentes consultadas.

Por otro lado, el auto de procesamiento se «dividirá» en dos partes. Por un lado, en todo lo que afecta a los considerados principales responsables de los hechos investigados, entre los que se encontrarían los tres encarcelados y aquellos que evitaron la prisión gracias al pago de una fianza, entre ellos Marta Rovira, respecto a la cual se entiende que hay indicios más que relevantes de que jugó un papel esencial; y, por otro lado, aquellos que con su conducta coadyuvaron a los hechos que derivaron en la DUI y el 1-O, pero que no tuvieron una intervención relevante.

Sin embargo, no está nada claro que el ex presidente Artur Mas pueda ser procesado, al entenderse justo lo contrario, es decir, que no coadyuvó de una manera eficaz a esos hechos toda vez que su posición ya no se lo permitía, pese a que sus opiniones tuviesen una cierta «fuerza moral» por lo que había significado en el mundo nacionalista catalán; y, de hecho, fue condenado por la consulta ilegal del 9-N.

Si el auto de procesamiento se dictara, como está previsto en un principio, a finales de este mes –salvo que se retrase el informe pendiente de llegar o que del mismo sea necesario practicar algunas diligencias, los acusados en el mismo podrían recurrir en primer lugar en reforma, es decir, ante el propio juez Llarena, lo que aventura una posibilidades prácticamente nulas de prosperar. Posteriormente, sería la Sala de Apelaciones, integrada por los magistrados Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde, los que tuviesen la última palabra respecto a quienes se sentarían en el banquillo.

Después de que esta Sala se pronuncie sobre los recursos, se daría traslado al Ministerio Fiscal y acción popular, ejercida por el partido político VOX, para que presenten su escrito de conclusiones provisionales, en las que deberán concretar las penas que, inicialmente, solicitan para los procesados. Por último, se le daría traslado a las defensas para que presentaran sus correspondientes informes.

La fecha prevista para que la Sala de Apelaciones se pronuncie se situaría, según las fuentes consultadas, entre finales de abril y primera quincena de mayo. Todo ello, como se ha señalado, queda un tanto a expensas de la fecha en que la Guardia Civil entregue el informe relativo a los gastos del «procés» con dinero público de la Generalitat.