El Supremo devuelve la pelota al Congreso sobre la suspensión de los presos

La Sala responde al escrito que ayer le envió la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en el que le trasladaba la responsabilidad de decidir. Añade que la causa penal seguirá su curso y que es misión del tribunal salvaguardar los fines del proceso.

El Tribunal Supremo ha contestado esta mañana a la presidenta del Congreso y le ha devuelto la pelota sobre el futuro de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. El Alto Tribunal insiste en que debe ser la Mesa del Congreso la que resuelva la suspensión de los cuatro diputados de ERC y de JxCat que están actualmente en prisión preventiva y procesados en el juicio contra los los responsables del referñendum ilegal del 1 de octubre. El Tribunal Supremo, en la contestación remitida a Batet, insiste en los argumentos que ya ofreció en su auto de 14 de mayo y que fue debidamente comunicado a la Cámara. En este escrito, se comunicó a la Cámara los acuerdos del tribunal sobre la toma de posesión de los políticos presos y su posterior inhabilitación. Del mismo modo, el TS traslada a la Presidencia del Congreso que "la causa penal seguirá su curso y que es misión del tribunal salvaguardar los fines del proceso".

El malestar en la Sala Segunda del Alto Tribunal, que precisamente está juzgando a los responsables del 1-O, es evidente después de que Meritxell Batet despejara ayer el balón sobre la suspensión de los cuatro parlamentarios presos y solicitará un informe sobre el alcance y las consecuencias del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En su escueta respuesta, de apenas dos párrafos, el Supremo considera que la elaboración de este informe no es posible, ya que “la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido por V.E.”. Esta negativa a elaborar el informe se fundamenta en que el Supremo considera que no puede actuar como un órgano consultivo del Parlamento.

Batet solicitó este informe ayer a la Sala Segunda del Supremo con la intención de conocer el alcance y las consecuencias de la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A juicio de la presidenta del Congreso debía ser el Supremo el que adoptase la decisión sobre el futuro de los cuatro parlamentarios en la cárcel. Un criterio que compartía con Unidas Podemos y contrario al defendido por PP y Cs, los otros dos grupos con representación en la Mesa de la Cámara Baja. Precisamente este órgano se reunirá a partir de las 12:30 de esta mañana y se prevé que aborde esta cuestión ya con la contestación del Supremo encima de la mesa.