Política

El TC esperará a que Sánchez mueva ficha ante el desafío del Parlament

Desobedece al Constitucional al tramitar otra resolución de los grupos independentistas sobre el derecho a la autodeterminación, que no será debatida antes de las elecciones.

Desobedece al Constitucional al tramitar otra resolución de los grupos independentistas sobre el derecho a la autodeterminación, que no será debatida antes de las elecciones.

Publicidad

El pasado día 16, el Tribunal Constitucional advertía a los presidentes de la Generalitat y del Parlament, Quim Torra y Roger Torrent, así como a todos los miembros de la Mesa de la Cámara de que se abstuvieran de realizar ningún tipo de actuación sobre el derecho de autodeterminación y de la Monarquía, instándoles a «impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material» que afecte a esos ámbitos. A la vez, se les advertía de que podían incurrir en responsabilidad penal si no acataban esa decisión. Días antes, ese mismo requerimiento se realizaba respecto a Torrent y demás integrantes de la Mesa. Sin embargo, poco parece haber importado esa advertencia del Alto Tribunal, pues ayer mismo la Mesa admitió a trámite la propuesta de resolución de los grupos independentistas Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP en la que se condena la sentencia del «procés» y se aboga porque el Parlament defienda de nuevo el derecho de autodeterminación y repruebe otra vez a la Monarquía.

La propuesta de resolución, no obstante, fue registrada por la vía ordinaria por los partidos independentistas en el Parlament. Según consta en el reglamento de la Cámara catalana, ahora se abre un período de siete días para que los grupos presenten enmiendas, con lo que «a priori» parece muy difícil que se debata en el pleno convocado para hoy mismo.

De hecho, el PSC y Ciudadanos, los grupos de la oposición en la Mesa, podrían incluso presentar sendas peticiones de reconsideración a la admisión a trámite de la iniciativa parlamentaria, como ya ocurriera el 27 de octubre de 2017 con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Una vez terminado el periodo para presentar enmiendas, el último escalón sería que la Junta de Portavoces del Parlament validara la propuesta de resolución y fijara un día para debatirla y votarla en el pleno de la cámara catalana, según confirmaron ayer distintas fuentes de la Cámara y de los partidos independentistas.

Publicidad

Por tanto, con el calendario en la mano y teniendo en cuenta la campaña electoral del 10-N, el texto definitivo se podría discutir en el hemiciclo en la sesión fijada para los próximos 13 y 14 de noviembre, la siguiente fijada en la agenda.

Aunque se trata de una hipótesis remota, el independentismo podría volver a retorcer el reglamento de la Cámara catalana e introducir la propuesta de resolución independentista sobre el derecho a la autodeterminación en el pleno previsto para hoy cambiando por sorpresa el orden del día. El amparo podría estar de nuevo en el artículo 81,3 del reglamento vigente, del que el independentismo echó mano en las convulsas jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017 para aprobar las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica en una sola sesión.

Publicidad

Sin embargo, esta opción parece remota teniendo en cuenta la frágil unidad del independentismo y la cercanía de la campaña electoral que se avecina.

También hay que tener en cuenta que los letrados de la Mesa del Parlament avisaron ayer de que la propuesta de resolución de JxCat, ERC y la CUP, que reitera la reprobación de la Monarquía y la defensa del derecho a la autodeterminación, incumple los autos del Tribunal Constitucional (TC).

Según dichas fuentes, los letrados pusieron el acento de su advertencia en la palabra «reiterar», teniendo en cuenta que el TC exigió a la Mesa del Parlament paralizar el trámite de propuestas que vayan en esta dirección.

Si finalmente la tramitación llegase a su culminación y se votase, todo hace indicar que la misma saldría adelante al menos con los votos de los diputados pertenecientes a los grupos que la propusieron. Ello daría pie a que el Gobierno pudiese interponer de forma inmediata un incidente de ejecución de sentencia, toda vez que la misma podría vulnerar nuevamente la sentencia de 2015 en la que se frenaba en seco todo lo relacionado con el derecho de autodeterrminación, además de otras resoluciones recientes del TC sobre esta misma cuestión y la de la Monarquía.

Hasta que no se produzca ese impugnación el Alto Tribunal no puede intervenir sobre la resolución en cuestión. Como señalaron a este periódico de forma muy gráfica fuentes cercanas al Tribunal Constitucional: «El que tiene la sartén por el mango y decide cuándo poner en marcha la máquina es el Gobierno». Y es que, se recuerda al respecto, la advertencia del TC a Torra, a los integrantes del Govern, a Torrent y demás miembros de la Mesa se produjo en sendas decisiones adoptadas como consecuencia de la interposición por el Ejecutivo de dos incidentes de ejecución de sentencia, «y donde se pedía que se realizara la advertencia» a los citados responsables políticos catalanes. En esa advertencia «se acabó el papel del tribunal», se incidía al respecto.

De esta forma, estaría en manos del Ejecutivo decidir si, llegado el caso, opta sólo impugnar la resolución –si es aprobada finalmente– o insta a la Abogacía del Estado a que inicie las acciones penales correspondientes, que, en ese caso, sería por un delito de desobediencia. Además, el Ministerio Fiscal también estaría legitimado para actuar de oficio en ese mismo sentido.

Publicidad

Pero, incluso el propio TC puede instar a la Fiscalía a, si lo estima oportuno, iniciar esa vía penal. Esto fue lo que acordó, por ejemplo, en su auto de 19 de septiembre de 2017 en el que estimó el incidente de ejecución formulado por el Abogado del Estado respecto de los acuerdos del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 2017 sobre la tramitación de la proposición de ley del referéndum de autodeterminación. El TC acordó deducir testimonio de particulares a fin de que la Fiscalía procediese, en su caso, a exigir la responsabilidad penal a la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell.