Los grupos registran la iniciativa pese a que el Congreso se disolverá el 2 de mayo

La oposición en bloque se unió ayer para llevar al Gobierno de Rajoy al Tribunal Constitucional. El PSOE, Podemos, Ciudadanos y resto de las fuerzas parlamentarias registraron en el Congreso una iniciativa para poner en marcha dicho procedimiento ante la negativa del Gobierno en funciones del PP a someterse a control parlamentario. El escrito lleva también la firma de ERC, el PNV y otras formaciones del Grupo Mixto como CC y NC. Los grupos solicitan expresamente que el texto que inicia el procedimiento se someta de debate en próxima sesión plenaria, prevista el día 5 de abril. Para ello, la Mesa del Congreso en la que la suma de los representantes de PSOE, Podemos y C’s son mayoría, deberá dar vía libre al escrito en la Junta de Portavoces del día 29 e incluirlo en el orden del día de dicho Pleno.

La oposición trata de reafirmar así sus exigencias con el argumento de que «se reponga al Congreso de los Diputados en el pleno ejercicio de sus competencias constitucionales», entre ellas el control parlamentario.

Una vez que el texto sea aprobado por el Pleno de la Cámara, se requerirá al Gobierno que reconsidere su negativa y, si no lo hace en el mes siguiente, se presentará el conflicto de atribuciones ante el TC, el cual tendrá entre dos y tres meses para resolver de manera que puede que ya haya gobierno o que se haya cumplido el plazo sin Gobierno y haya que disolver las cortes para la convocatoria de nuevas elecciones ya que sólo queda el mes de abril.

El procedimiento que establece la Ley Orgánica del Constitucional, indica que una vez que reciba el escrito del Congreso, el tribunal deberá comunicarlo al Gobierno en los diez días siguientes y fijará un mes de plazo para que formule las alegaciones que estime convenientes. También durante ese mes, podrán comparecer en el procedimiento si consideran que éste afecta de algún modo a sus propuestas atribuciones, los demás órganos legitimados para plantear este tipo de conflictos y podrán pronunciarse «en apoyo del demandante o del demandado». Estos son los plazos tradicionales aunque, según fuentes del TC, se podrían aligerar los plazos, como ocurrió con el tema de la declaración de independencia de Cataluña para evitar que, de ser estimado dicho recurso, perdiera eficacia. En ese caso, según las mismas fuentes consultadas por LA RAZÓN la admisión a trámite podría hacerse de forma inmediata y el periodio de alegaciones en vez de ser de diez días podría acortarse a cinco dando por supuesto que la abogacía del estado, encargada de presentar las alegaciones, agotaría el plazo.

Los Grupos alegan en su texto que «todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes» y estiman que al decir «todos» no se excluyen los actos dictados cuando está en funciones. Y aseguran que en legislaturas anteriores no hubo sesiones de control «porque así lo ha venido decidiendo la Cámara».

En escrito presentado por los Grupos rebaten en 14 páginas los argumentos del Gobierno para no someterse al control del Congreso, y destacan que «no es cierto que gobierno en funciones no haya sido sometido nunca a iniciativas de control parlamentario». Relatan el caso de la dimisión de Adolfo Suárez en enero 1981, cuando en estuvo en funciones hasta se designó a su sucesor, Calvo Sotelo «el Pleno celebró una sesión en la que se tramitaron algunas preguntas interpelaciones que respondieron miembros del Gobierno en funciones».