El Tribunal de Cuentas investiga al ex alcalde de Cacabelos por sobresueldos

Cacabelos, municipio leonés de 5. 506 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadísitica del año 2012, es uno de los ayuntamientos españoles con una población similar, que más procedimientos tiene abiertos en el Tribunal de Cuentas, en concreto, cuatro, aunque dos de ellos fueron archivados y están pendientes de que resuelvan los recursos. Sin embargo, el de más relevancia, en lo que a responsabilidad contable se refiere se encuentra ya en su última fase, y en él se encuentran implicados el ex alcalde socialista José Manuel Sánchez García, el ex secretario-interventor Francisco José Fernández Vega y el ex tesorero Agustín García Díez, a quienes el actual consistorio, gobernado desde 2011 por el PP, les reclama de forma solidaria la devolución a las arcas municipales de 3.352.664,42 euros.

La demanda interpuesta el pasado en abril de 2012 por el mencionado ayuntamiento leonés,, cifra en 2.985.439,34 euros el daño patrimonial ocasionado al consistorio entre los años 2007 y 2009, por múltiples pagos efectuados desde cuentas municipales, que no fueron fiscalizadas por la intervención municipal, ni existen las correspondientes ordenaciones de pagos, carecen del correspondiente expediente administrativo y no figuran en la contabilidad municipal de los citados ejercicios; y en más de 100.000 euros los pagos efectuados a personal del ayuntamiento «de forma fraudulenta». en dietas o kilometrajes.

Esta demanda fue admitida a trámite, y, según confirmaron a este periódico fuentes del propio órgano fiscalizador, en estos momentos se encuentra en fase de contestación por parte de los tres afectados. Una vez que se reciban y se admitan, se convocará lo que se conoce como audiencia previa, donde se resolverán las distintas cuestiones previas, se propondrán las pruebas y se practicarán. El proceso, similar al de cualquier juicio ordinario, acabará con la correspondiente sentencia.

En abril, el Ayuntamiento de Cacabelos remitía al Tribunal de Cuentas un escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, junto con el soporte documental acreditativo de los hechos plasmados en la demanda, y principalmente, el informe de la Intervención Municipal realizado el 16 de ese mes.

En ese informe, realizado a petición del actual regidor, se efectúa un examen de los «movimientos y conciliación de saldos de las cuentas de titularidad municipal» en diversas entidades financieras, de las de los ejercicios 2007, 2008 y 2009, «y que no figuran en la contabilidad municipal».

A lo largo de 16 páginas se detallan de forma pormenorizada las entidades bancarias en las que se cargaron los gastos, las fechas, concepto, cantidad y titular del cobro de esos «pagos sin fiscalización que no constan en la contabilidad». El importe de esas cantidades asciende a un total de 2.696.532,18 euros.

Dietas y kilometraje

Junto a ello, se destaca que en esos años de Gobierno municipal socialista «se realizaron pagos a personal» del ayuntamiento «de forma fraudulenta», sin que exista «ningún informe de fiscalización ni constancia de ningún tipo de haber sido prestados los servicios, ni justificación, mi siquiera la aprobación por el órgano competente», en concepto de dietas, kilometrajes, dirección de servicios, etc», por 101.016 euros. Además, esos años existía en una entidad bancaria unas operaciones de crédito y préstamos que no se contabilizaron ni fueron atendidos a los vencimientos en su plazo, lo que »generaron unos intereses de demora y quebrantamientos» cuantificados son 188.890,65 euros.

Gastos en textil y pagos a la SGAE

A lo largo de 16 páginas, se detallan de forma pormenorizada las entidades bancarias en las que se cargaron los gastos, las fechas, concepto, cantidad y titular del cobro de esos «pagos sin fiscalización que no constan en la contabilidad». Así, por ejemplo, aparece en el «debe» de esa cuenta 20.000 euros por «recaudación de impuestos», más de 12.500 euros a «Confecciones textiles del Bierzo», 85 apuntes contables sólo en el años 2008 que tienen como destinatario Telefónica, o el dato signficativo que 21 de noviembre de 2007 se ingresase a la Sociedad General de Autores 3.299.03 euros y pocos días después, el 4 de diciembre, se realizara otra cargo al mismo recepto por idéntica cantidad. El 23 de octubre se realizó otro ingreso similar a la SGAE por el mismo importe. La conclusión es que se ha producido un daño evaluable en casi tres millones que «deben reincoporarse a las arcas municipales» por parte de los tres demandados.