El Tribunal de Estrasburgo no ampara la investidura de Puigdemont

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado dos solicitudes en las que ciudadanos catalanes le pedían que suspendiera los requisitos que el TC para investir a Puigdemont. Adelantan que se rechazaría a una petición similar de Jordi Sánchez.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado dos solicitudes en las que ciudadanos catalanes le pedían que, de forma cautelar, suspendiera los requisitos que el Tribunal Constitucional fijó el pasado 27 de enero para una eventual investidura como president de Carles Puigdemont. Las medidas frustraron la celebración del Pleno del Parlamento de Cataluña que había sido fijado tres días después para tal fin.

Las resoluciones del tribunal de Estrasburgo, a las que ha tenido acceso Europa Press, señalan que la petición de los dos particulares -Eulalia Camps Rosell y Daniel Rosés- están fuera del ámbito de aplicación del artículo 39 del Reglamento de la Corte europea.

El TEDH aplica medidas cautelares de forma muy excepcional y en la mayoría de los casos las concedidas se han referido a asuntos de paralización de expulsiones o extradiciones. Siguiendo esta doctrina, el tribunal europeo rechazó suspender la decisión del Tribunal Constitucional español en sendas resoluciones notificadas los pasados 8 y 23 de febrero.

El conocimiento de estas decisiones parece adelantar una decisión similar en el caso del segundo candidato de Junts per Catalunya (JxCat) a la Presidencia de la Generalitat, el también investigado por presunta rebelión en la causa del 'procés' que instruye el Tribunal Supremo Jordi Sánchez.

De hecho, y tras anunciar inicialmente que iría al TEDH para impugnar la denegación por parte del alto tribunal del preceptivo permiso para acudir al Pleno fijado para su investidura el pasado 12 de marzo, la defensa de Sánchez renunció finalmente a esta vía y se limitó a recurrir en apelación en el Supremo español.

Las medidas provisionales del TEDH son medidas urgentes que, de acuerdo con la práctica establecida de la Corte, se aplican solo cuando existe un riesgo inminente de daño irreparable.

Por lo tanto, se aplican solo en situaciones limitadas: los casos más típicos son aquellos en los que existe el temor de una amenaza para la vida (situación contemplada en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) o malos tratos prohibidos por el artículo 3 del Convenio (prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes.

Ninguno de estos supuestos parecen encajar con la decisión del Constitucional del pasado 27 de enero, cuando este órgano acordó de forma unánime suspender la sesión del Parlament de Cataluña del siguiente día 30 si dicha investidura se pretendía hacer en ausencia del candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. En el caso de que quisiera asistir, se le exigió que acudiera con autorización del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Así, el TC suspendió de forma cautelar las resoluciones del presidente y de la Mesa del Parlamento de Cataluña al considerar imprescindible que Puigdemont, huido en Bélgica, tuviera que acudir personalmente a la Cámara y obtener previamente la autorización del juez que tramita el proceso penal contra él por supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.