El TSJC no quiere imputar a Mas por el 9-N hasta después de las catalanas

Mañana se cumplen siete meses desde que se admitió a trámite la querella por desobediencia al TC por el 9-N. El calendario hace inviable que declare antes. El TSJC cita al inspector jefe de Enseñanza y a dos directores por su papel en el 9N.

No parece que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tenga la más mínima prisa en dirimir si el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, pudieron incurrir en un delito de desobediencia al convocar la consulta soberanista del 9-N. De hecho, mañana se cumplirán siete meses desde que la Sala Civil y Penal del TSJ catalán admitiese a trámite la querella que interpuso la Fiscalía por entender que había indicios de que pudieron incurrir en un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional por no acatar su decisión de que no se llevara a cabo esa consulta, «así como todos aquellos hechos que, de manera directa o indirecta estén relacionado» con esos hechos. Como instructor se designó al magistrado Josep Manuel Abril. Antes de la presentación de la querella del Ministerio Público, el colectivo de funcionarios Manos Limpias había interpuesto una acción penal en ese mismo sentido, a la que después se sumaron otras asociaciones y partidos también como acción popular.

En todo proceso penal, una vez que se admite a trámite la querella y, en su caso, tras la práctica de unas diligencias iniciales que se consideren imprescindibles, lo normal y habitual es que se cite a declarar a los querellados, que, obviamente, no pueden comparecer en otra condición que no sea la de imputados. En este caso, si embargo, ni la Fiscalía ni el instructor consideran que, tras siete meses, ha llegado el momento de que Mas, Ortega y Rigau den explicaciones ante el magistrado de todo lo relacionado con el proceso consultivo que se llevó a cabo el pasado 9-N.

Y, dado las fechas en que estamos, agosto es un mes inhábil a efectos judiciales, excepto para resolver cuestiones de especial relevancia, y que en campaña electoral se suele paralizar las causas contra los aforados, todo ello conlleva a que las declaraciones de Más, Ortega y Rigau no se producirán hasta después de las elecciones autonómicas, previstas para el próximo 27 de septiembre. Sería una auténtica sorpresa que esas citaciones se produjesen antes, entre otras cuestiones porque hay diligencias pendientes de cumplimentar por la Generalitat.

Porque, lo cierto, es que la instrucción de este procedimiento parece que camina más bien a paso lento; o, al menos, eso es lo que parece. Así, por ejemplo, la Fiscalía solicitó el 6 de marzo la práctica de determinadas diligencias, relacionadas con requerir al Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales toda la documentación relacionada con la contratación y pago de los servicios necesarios para la creación, registro y mantenimiento de la web www.participa2014.net; así como requerir al Secretario General de la Presidencia todas las instrucciones, oficios, etc., remitidas a las delegaciones del Gobierno de la Generalitat en el extranjero, en relación con los puntos donde se podía votar el 9-N. Y, junto a ello, el Ministerio Público instaba a que se reclamase del Departamento de Enseñanza las «comunicaciones en cualquier formato» que se hubiesen enviado tanto a las delegaciones territoriales de ese departamento, «como a los directores de los centros de enseñanza públicos en relación con la cesión de locales para los actos de votación del 9 de noviembre de 2014».

Pese a que esas diligencias se instaron el 6 de marzo, el juez instructor no resolvió hasta el 15 de junio, es decir, tres meses después, en una providencia en la que acordaba «practicar la totalidad de las diligencias solicitadas».

Con posterioridad a la petición de esas pruebas, la Fiscalía recibió, el pasado 2 de junio, un correo electrónico «oficial» remitido por indicación del director General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, en el que adjuntaba determinada documentación, «al parecer aportado por inspectores de Educación», relacionada con el uso de centro educativos públicos en esas consulta del 9-N. En esos documentos se hace referencia a una reunión a la que los directores de institutos de enseñanza secundaria de Barcelona-Comarcas habrían «supuestamente solicitado de los directivos de los centros que facilitaran el acceso a sus instalaciones de las personas responsables de la organización y que pidieran voluntarios entre el personal del centro que se hicieran cargo de las tareas organizativas para llevar a cabo el proceso participativo».

El TSJC cita al inspector jefe de Enseñanza y a dos directores por su papel en 9N

De momento, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado como testigos al inspector jefe de Enseñanza y a dos directores de instituto, uno de los cuales se negó a ceder las llaves de su centro para la votación.En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado del TSJC Joan Manel Abril ha citado como testigos para el jueves 30 de julio al inspector jefe de Enseñanza, que asistió a las dos reuniones que convocó la directora territorial de Barcelona -los días 16 y el 22 de octubre-, para informar a los centros sobre su papel en la consulta alternativa del 9N. A instancias de la Fiscalía, el magistrado también ha citado el mismo día como testigos a la directora del IES Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona), donde se acogieron urnas de la consulta, y al director del IES Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que se negó a ceder las llaves del local, por lo que se tuvo que buscar un centro alternativo.