El último dilema del fiscal Horrach: prisión o fianza para Urdangarín

Aún no lo ha decidido, pero no descarta pedir el ingreso en la cárcel, eludible bajo fianza, argumentando la gravedad de la pena y no el riesgo de fuga

El fiscal Horrach ha sido una de las piezas clave en el «caso Nóos». El viernes, cuando se conoció la sentencia, comunicó a los periodistas su decisión de pedir una vistilla.

Aún no lo ha decidido, pero no descarta pedir el ingreso en la cárcel, eludible bajo fianza, argumentando la gravedad de la pena y no el riesgo de fuga.

Pedro Horrach tenía que estar ya hace un par de meses disfrutando, en algún punto remoto del planeta, del ansiado viaje junto su mujer, Ana Acher, con el que esperaba dulcificar el complicado tránsito del Ministerio Público a la abogacía. Pero sus planes, de momento, han quedado aplazados porque los 741 folios de la sentencia del «caso Nóos» se han cocido a fuego muy lento durante siete meses y medio, desbaratando sus previsiones. Ahora, a sólo unas semanas de abandonar Anticorrupción y trasladarse a su futuro despacho profesional en el centro de Palma, Horrach está ante la última encrucijada como fiscal: decidir si en los próximos días pide el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín y Diego Torres, condenados a seis años y tres meses, y ocho años y medio, respectivamente, por el tribunal del «caso Nóos», sin esperar a que el Tribunal Supremo revise esas condenas.

Horrach ve complicado justificar esa petición en el riesgo de fuga y tiene muy presente que, durante los seis años de instrucción, siempre ha estado disposición del juez instructor, José Castro, cuando se le ha requerido. Incluso que Castro se negó en 2013 a retirar el pasaporte al marido de la Infanta Cristina, como pedía Manos Limpias, al no advertir riesgo de fuga. Entonces, Horrach también se opuso a la medida por su «notorio» arraigo personal, familiar y social.

Casi cuatro años después, esas circunstancias se mantienen, pero a diferencia de entonces, sobre el ex duque de Palma pesa ahora una condena a seis años y tres meses de prisión, que todavía no es firme hasta que el Supremo resuelva el recurso de casación que presentará su abogado, Mario Pascual Vives. Y Anticorrupción, según se encargó de recordar a Horrach la teniente fiscal Belén Suárez horas después de hacerse público el fallo, tiene por norma solicitar la ejecución de la sentencia, mientras se tramitan los recursos ante el Alto Tribunal, cuando las penas superan los cinco años de cárcel, como es el caso.

Horrach aún no ha decido si pedirá el ingreso en prisión del marido de la Infanta y, según fuentes próximas al fiscal del «caso Nóos», «la fianza no está descartada». En ese caso, apuntan, Horrach y su compañera Ana Lamas solicitarían el ingreso en la cárcel de Urdangarín, pero fijando una fianza. En tal supuesto, el fiscal Anticorrupción esgrimiría la gravedad de las penas, y no el riesgo de fuga, para justificar la medida cautelar.

Y es que, añaden, el riesgo de que se ponga fuera del alcance de la acción de la Justicia «teniendo en cuenta que la Infanta Cristina lleva de escoltas a policías nacionales» es altamente improbable. Tampoco se puede aducir, insisten las fuentes, otro riesgo, el de destrucción de pruebas, en un procedimiento en el que ya se ha celebrado la vista oral. «Y la alarma social tampoco se puede tener en cuenta», añaden.

Con esas limitaciones, el único argumento esgrimible es el de la gravedad de las penas, «que en todo caso siempre está vinculado al aumento de la posibilidad de que el condenado se fugue».

Sea cual sea el desenlace, a la vista que se celebrará en la Audiencia de Baleares cuando lo determine el tribunal de Nóos no sólo tendrá que asistir el abogado del ex duque para oponerse jurídicamente a la adopción de cualquier medida cautelar. Urdangarín deberá estar presente, pues tendrá la posibilidad de tomar la palabra para convencer al tribunal de la innecesariedad. Además, recuerdan las fuentes, si el tribunal ve procedente que vaya a prisión, «es inmediato». Al margen de que la medida se pueda recurrir, como prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En esa vistilla también se decidirá la suerte procesal del ex socio de Urdangarín en Nóos. Torres ha sido condenado a dos años y tres meses más de prisión que el ex duque de Palma, y a una multa que supera en 1,2 millones a la que se impuso a aquél, pero no parece que ese hecho vaya a determinar diferencias entre ambos. Previsiblemente, la Fiscalía solicitará idéntica medida para los dos, en su calidad de acusados con las condenas más altas, aunque si e reclama una fianza, la de Torres podría ser algo superior.

En la Audiencia de Baleares, hay antecedentes similares al que vivirán los dos ex socios, y no tan lejanos. En julio de 2013, la Audiencia Provincial ordenó la ejecución de la condena de seis años de cárcel, en el «caso Domenge», a la ex presidenta del Parlamento balear María Antonia Munar, al advertir riesgo de fuga y de que eludiera el pago de las responsabilidades civiles. En este caso resultó determinante la precedente condena de cinco años y medio que pesaba sobre ella en el «caso Maquillaje» y otras causas por corrupción que tenía pendientes.

El caso del ex duque de Palma, además, no es comparable en cuanto al riesgo de eludir el pago de responsabilidades civiles, pues ya consignó en el juzgado 1.199.918 euros para hacer frente a las que pudieran derivarse, como así ha sucedido, de la sentencia de Nóos.

Si Horrach pide el ingreso en prisión de los dos principales condenados –en una vistilla que se celebrará, previsiblemente, esta semana–, la decisión quedará en manos del tribunal que impuso las condenas, con su presidenta Samantha Romero al frente. Serán, pues, las tres magistradas las que tengan que decidir. Hace unos días, la ex consellera de Turismo valenciana Milagrosa Martínez, condenada a nueve años en el «caso Fitur», no ingresó en la cárcel pese a la petición de la Fiscalía y el tribunal sólo impuso una fianza de 15.000 euros. Tampoco fueron a prisión mientras se resolvían sus recursos la policía Raquel Gago, condenada a 12 años por el asesinato de Isabel Carrasco por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (que sí lo hizo cuando el Alto Tribunal aumentó en dos años la pena), y los ex presidentes del Fútbol Club Barcelona y Sevilla José Luis Núñez y José María del Nido, respectivamente.