ERC se niega a que la consulta esté avalada por la Constitución

CiU y sus socios presionan al PSC acusándole de confiar Cataluña al PP

Miquel González/ Shooting
Miquel González/ Shooting

Hay un proverbio italiano que dice que «todos los hombres se entenderían bien sin las palabras ''mío'' o ''tuyo''». Para muestra el proceso para pactar una sola declaración soberanista entre CiU, ERC, ICV, La CUP y el PSC. Ya pueden haberse emplazado a negociar, ya sea a través del teléfono, como ha sucedido este fin de semana, o cara a cara, como ocurrirá esta tarde, que si el PSC exige que cualquier consulta que organice Cataluña debe respetar escrupulosamente la legalidad vigente, eso es, la Constitución, y ERC dice que no aceptará una declaración de soberanía supeditada a la legalidad española, el acuerdo es inviable.

De poco ha servido que el portavoz del PSC en el Parlament, Maurici Lucena, pregunte a Esquerra por qué cuestiona el marco legal en el que se podría celebrar la consulta y no pone en duda cuál es la legalidad cuando salimos a la calle y cometemos un delito, que ERC insistió ayer en que existen «muchas legalidades» en las que se puede amparar el referéndum sobre la independencia.

El paraguas internacional

Al margen de la Constitución, ERC contempla que se convoque una consulta soberanista bajo el paraguas internacional e incluso no descarta que el Parlament construya su propia legalidad con la ley de consultas catalana, algo que comparte CiU. Si el acuerdo se preveía difícil, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, añadió que su partido no aceptará una declaración de soberanía que supedite el derecho a decidir a la legalidad española. ERC alega ahora que el PSC cuando exige un texto que encaje en la legalidad, está poniendo el futuro de Cataluña en manos del PP, porque si para convocar una consulta, finalmente, se necesita reformar la Constitución, será necesario el visto bueno de los populares. «El PSC nos pide que confiemos el futuro de nuestro país y nuestra sociedad al PP, que es el que hace decretos contra la enseñanza y que parece ensuciado por una mancha gigantesca de corrupción», defendió para no aceptar una declaración soberanista supeditada a la legalidad.

En un claro desafío, Junqueras añadió que «nuestra obligación es hacer la consulta diga lo que diga el Gobierno y diga lo que diga el Tribunal Constitucional» con el argumento de que la voluntad y el derecho a hacer la consulta no deriva de los que digan los gobiernos españoles, sino de la voluntad de los ciudadanos de Cataluña y del derecho internacional.

CiU, en vez de actuar como mediador, para tratar de sumar al PSC a la declaración soberanista, avaló la apuesta de ERC de que la consulta puede ser legal según la norma catalana. El secretario de organización de Convergència Democràtica, Josep Rull, defendió que su propuesta de declaración es legal, pero según la norma catalana. Alegó que el proceso «se hará de acuerdo con la ley que emane de un parlamento legítimo y democrático, como es el Parlament de Cataluña», esto es, bajo el amparo de la ley de consultas catalanas, cuya tramitación retomará la cámara catalana antes de final de mes.

Rull no tuvo reparos en acusar al PSC de utilizar «todos los mecanismos» para evitar que los partidos lleguen a un acuerdo. Reclamó a los socialistas catalanes «responsabilidad» y «generosidad» en la negociación, algo que también pidió la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, pasando por alto así su imparcialidad en este proceso.

El PSC insiste en que la consulta soberanista tiene más posibilidades de celebrarse si se sigue el modelo del Reino unido (Escocia) y Canadá (Québec) y se pacta con el Gobierno.