Análisis

España suspende en independencia judicial y en la lucha contra la corrupción, según un informe europeo

La ONG señala que "la falta de independencia judicial sigue siendo un problema grave en España", mientras que argumenta que se necesita "mayor transparencia y control en la adjudicación de contratos públicos" para frenar la corrupción

Concentración de jueces y fiscales de Barcelona frente a la Ciudad de la Justicia con motivo de la huelga del sector convocada en toda España.
Concentración de jueces y fiscales de Barcelona frente a la Ciudad de la Justicia con motivo de la huelga del sector convocada en toda España.Javier EtxezarretaAgencia EFE

La falta de avances en la independencia judicial y la persistencia de la corrupción en la política siguen siendo problemas estructurales en España, según el Informe sobre el Estado de Derecho 2025, publicado por la organización 'Civil Liberties Union for Europe'.

El informe, que analiza la situación del Estado de Derecho en varios países europeos, denuncia que España sigue sin acometer reformas clave para garantizar la independencia de su sistema judicial.

"La falta de independencia judicial sigue siendo un problema grave en España. A pesar de las recomendaciones de la Comisión Europea, la selección de los jueces sigue en manos de los partidos políticos, lo que genera un conflicto de intereses que debilita la confianza en el sistema judicial", destaca el informe.

Corrupción y falta de transparencia

En materia de corrupción, el informe subraya que los grandes escándalos afectan principalmente a la élite política y económica. Aunque la corrupción administrativa a nivel ciudadano es poco frecuente, las irregularidades en la contratación pública y el tráfico de influencias siguen siendo un problema recurrente. Por ello, la Comisión Europea ha exigido a España fortalecer las normativas sobre la financiación de partidos y la regulación del lobby, pero hasta el momento las medidas adoptadas han sido insuficientes.

"El acceso a la contratación pública sigue estando dominado por grandes empresas con vínculos cercanos al poder. Se necesita una mayor transparencia y control en la adjudicación de contratos públicos para evitar favoritismos y malversación de fondos", advierte el informe.

Además, la protección de los denunciantes de corrupción es otro punto débil en España, ya que, aunque la directiva europea sobre la protección de informantes fue aprobada en 2023, su implementación ha sido deficiente. Por ello, el informe finaliza argumentando que "los denunciantes siguen enfrentándose a represalias y la normativa actual no ofrece suficientes garantías de protección".