ETA planea un gesto de «desarme» para forzar al Gobierno a negociar

ETA podría realizar, durante la Conferencia de Alcaldes que Bildu ha organizado en San Sebastián los próximos 10 y 11 de octubre, un gesto, más simbólico que real, relativo a un «desarme unilateral».

ETA podría realizar, durante la Conferencia de Alcaldes que Bildu ha organizado en San Sebastián los próximos 10 y 11 de octubre, un gesto, más simbólico que real, relativo a un «desarme unilateral».

Según expertos antiterroristas, consultados por LA RAZÓN, los motivos que llevarían a la banda a dar este paso, al que se oponen los sectores más radicales, sería la dar continuidad el «proceso» que se inició hace dos año con el comunicado sobre el supuesto cese definitivo de actividades y que se encuentra en punto muerto, gracias a la firmeza del Gobierno de Mariano Rajoy; y mantener la esperanza entre los presos de que, al final, lograrán forzar al Ejecutivo a una negociación, en la que se logre la libertad de los reclusos o, al menos, como primer paso, su acercamiento en cárceles del País Vasco y Navarra.

Se trataría, según las citadas fuentes, de un movimiento táctico, al que pretenderían dar una gran publicidad y espectacularidad aprovechando la citada conferencia, ya que las otras iniciativas adoptadas por la llamada «izquierda abertzale», la desobediencia civil y la presión sobre el Gobierno con manifestaciones que, pese a las fiestas patronales –han contado con una asistencia muy escasa– han constituido un completo fracaso.

La banda se ve en la encrucijada de, por un lado, atender los requerimientos que los llamados «verificadores internacionales» (a los que los terroristas dieron por liquidados en un comunicado de marzo pasado); el «foro» celebrado antes del verano en Pamplona y Bilbao; y los llamamientos de algunos dirigentes de Sortu y Bildu, en el sentido de hacer ese gesto. Y, por el otro, mantener su posición, de la que no se ha apeado en ningún momento, de que no dará ningún paso si no hay una negociación con el Gobierno por medio.

La situación, reconocen los medios consultados, es muy compleja dentro del mundo de ETA y eso se ha demostrado este verano, cuando esas declaraciones de algunos dirigentes de la «izquierda abertzale», en el sentido de pedir a la banda que haga un gesto, dentro de la teoría de la «unilateralidad», ha tenido que ser matizadas, cuando no desmentidas, por el presidente de Sortu, Asier Arraiz, para poner las cosas en su sitio y recordar que los terroristas no moverán ficha si no son correspondidos por el Gobierno.

Lo que ocurre es que el Ejecutivo conoce, a través de los servicios de información, todos estos movimientos y el ministro del Interior, Jorge Fernández, en su reciente viaje a Navarra y el País Vasco, ha dejado claro que la Policía y la Guardia Civil no van a abandonar estas comunidades, una de las exigencias de ETA a cambio del desarme, además de la liberación de sus presos.

A este respecto, la estrategia informativa que ha seguido ETA y su entramado, en el sentido de culpar al Gobierno por su «inmovilismo», ha fracasado de forma estrepitosa, no sólo en el País Vasco y Navarra (de ahí su escasa capacidad de movilización) sino a nivel internacional. Por el contrario, la postura del Ejecutivo ha sido bien transmitida y entendida, hasta el punto de que los proetarras fían gran parte de su futuro a una sentencia favorable del Tribunal de Estrasburgo que anule la «doctrina Parot». Es decir, se juegan todo a una carta en la que deben ser jueces los que resuelvan.

De todas maneras, no deben tener las cosas tan claras como pretenden transmitir, ya que durante este verano la «izquierda abertzale» ha «abierto la mano» para que se pudieran producir durante las fiestas homenajes a los presos y, a falta de terrorismo callejero de la «kale borroka», que también la ha habido aunque en menor medida, han vuelto las pintadas y pasquines de exaltación de ETA. Con ello, se trataba de contentar a los sectores más radicales ante la falta de resultados del «proceso» y lo que estos descontentos consideran una postura acomodaticia de los que están en la «moketa» (las instituciones) a los que critican abiertamente en foros sociales y públicamente.