Feijóo exige que juristas fiscalicen la ley de amnistía en el Congreso

La ley de amnistía entra en una de las partes de su tramitación más delicada para la estabilidad del frágil acuerdo de investidura de Pedro Sánchez: las modificaciones en el articulado. El martes por la tarde termina el plazo para registrar en el Congreso las enmiendas al contenido de la ley, y los equipos negociadores de PSOE, ERC y Junts llevan semanas discutiendo cómo ajustar técnicamente el texto para blindar que pueda aplicarse a las causas de Tsunami Democrático y de los CDR, afectadas por acusaciones de terrorismo y sin que aún haya sentencia firme. Socialistas e independentistas también han estudiado las críticas que en los últimos meses han hecho catedráticos de derecho constitucional al texto negociado para diseñar la ingeniería jurídica necesaria para bloquear la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se oponga a lo que apruebe el Congreso. Durante la negociación previa a su registro en la Cámara Baja, hubo informaciones que apuntaban a que incluso estaban consultando su redacción con actuales miembros del TC.

Justo enlazando con esto, el PP registrará hoy en el Congreso la petición de que comparezcan en el Parlamento catedráticos y juristas independientes para que fijen posición y asesoren a los diputados en sus trabajos, a fin de impedir que la mayoría saque adelante un texto inconstitucional, como ya ocurrió con el Estatut de Cataluña de 2006, y que cuatro años después fue revisado por el TC. Este choque entre la voluntad de la mayoría legislativa y del Poder Judicial fue uno de los motores que sirvió al independentismo para justificar la activación del «procés». La propuesta del PP será previsiblemente tumbada por el PSOE y sus socios, pero los populares pueden rescatarla para el Senado, donde tienen mayoría absoluta.

Este movimiento parlamentario va unido a una nueva ofensiva institucional y social contra la amnistía. El PP ya ha anunciado otra movilización para el próximo día 28 y lo que ha bautizado como «ruta por la igualdad», en la que el partido extenderá la protesta a pueblos y ciudades de toda España. Mantener de continuo la convocatoria a nivel nacional es un riesgo porque no se puede «aguantar» ese nivel máximo de movilización de manera permanente, pero el PP sí tiene la capacidad de ir movilizando a sus militantes y votantes por circunscripciones: esto le da espacio a nivel autonómico y local, y es un ruido que también acaba perjudicando al PSOE a nivel nacional, o eso creen.

Una vez registradas las enmiendas, la ley se debatirá en la comisión de Justicia, trámite que se puede solventar en una o dos semanas. El objetivo es que la Cámara Baja dé su visto bueno a la norma a principios de febrero; después será enviada al Senado, donde el PP paralizará su tramitación durante dos meses. El PSOE calcula que la aprobación definitiva de la medida de gracia tenga lugar a finales de abril.

Esto implica que el PP todavía tiene por delante tres meses para oponerse a la fase parlamentaria de la ley. La traca final la lanzarán en la aprobación definitiva de la misma, que irá acompañada de la mayor movilización que se ha visto en esta legislatura.

La agenda del Gobierno y del PP converge en Cataluña y en Junts. Moncloa tiene razón cuando defiende que el ruido que están haciendo los independentistas es muy superior al alcance de las decisiones concretas en las que acabará materializándose el pacto in extremis, con los pies ya al borde del precipicio, que los socialistas firmaron con Carles Puigdemont para evitar una derrota que hubiera puesto de manifiesto que este Gobierno no tiene ninguna capacidad para gobernar.

Hay que tener en cuenta que la letra del pacto firmado por los socialistas con Junts para investir a Pedro Sánchez es tan indefinida que llevará a nuevas sorpresas (como las vistas esta pasada semana en la votación de los primeros decretos ley) desde la parte independentista y en dos temas fundamentales: superar las limitaciones del autogobierno y el reconocimiento nacional de Cataluña. Hasta que lleguen las elecciones catalanas Junts irá partido a partido, negociando, sin tirar todo por la borda, pero buscando la manera de desgastar a ERC y PSC.

Por tanto, puede que el precio que Puigdemont se ha cobrado por sacar adelante los primeros decretos no se concrete tal y como lo vende Junts, pero sí ha conseguido un nuevo golpe de efecto a su favor, dejando bien claro que pone los intereses exclusivos de Cataluña por encima de cualquier otra consideración. Además, ha logrado situar el foco en una cuestión que le inquieta electoralmente: la inmigración y los peligros que amenazan a la cultura e identidad de su votante.

De lo pactado la pasada semana, tiene más fácil salida la retirada del artículo que, en opinión de Junts, ponía en riesgo la aplicación de la amnistía al recoger la paralización de procedimientos cuando los jueces eleven el caso al Tribunal Superior de Justicia de la UE, y también la bonificación total del transporte público y la rebaja en el IVA del aceite. Pero mucho más difícil de concretar, y habrá que ver si tiene apoyos para su desarrollo en el Congreso, es el traspaso de competencias en inmigración (el Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, emigración, extranjería y derecho de asilo), la reversión del decreto que facilitó a las empresas su traslado fuera de Cataluña en 2017 y la publicación de las balanzas fiscales.

En este clima de confrontación por la amnistía, el Congreso abordará la reforma del artículo 49 para eliminar el término «disminuido» los días 16 y 18 de enero: PSOE y PP no contemplan incluir enmiendas y pretenden que la tramitación en el Senado concluya en el presente mes.