Hace unos días, Marruecos logró un hito histórico. El Consejo de Seguridad de la ONU dio luz verde a su plan de autonomía como solución al conflicto del Sáhara Occidental. Los expertos en política internacional aseguran que, cerrado este capítulo, el siguiente objetivo de la monarquía alauita pasa por anexionar las dos ciudades autónomas españolas: Ceuta y Melilla. Un deseo inverosímil, pero deseo al fin.

De forma unilateral, Pedro Sánchez cambió la postura de España sobre la soberanía del Sáhara Occidental en 2022. Un giro que, todavía, no ha sido explicado. Entretanto, Rabat, el pasado verano, exigió por carta al Partido Popular, natural relevo del PSOE y favorito para gobernar el país, dejar el Sáhara fuera de la «política interna».

La relación entre el primer partido de España y el país vecino no atraviesa por su mejor momento. Sobre todo, si se tiene en cuenta que Melilla, gobernada por el PP, sufre las consecuencias de una política basada en el chantaje permanente con la aduana y con la inmigración ilegal.

Por eso, tiene especial trascendencia lo que ocurrió ayer: Alberto Núñez Feijóo trasladó la celebración de su comité de dirección a Melilla, donde protagonizó una suerte de mitin con el presidente Juan José Imbroda. En su discurso, el líder popular clamó que la ciudad autónoma «es y será España». Y añadió: «Es una frontera española y europea. Su protección no es opcional ni negociable».

Además, anunció una «carpeta de Melilla y de Ceuta» para cuando llegue a la Moncloa, en la que figurarán compromisos con: «La seguridad y la protección de las fronteras». Y no solo, también habló de «un vuelco» a las políticas económicas y sociales a fin de convertir estas ciudades en lugares «más prósperos y atractivos».

De esta forma, el presidente popular reafirmó su compromiso con dos ciudades españolas que viven en una incertidumbre permanente por las presiones de Marruecos. De llegar al poder, aseguró que reforzaría la presencia de las instituciones del Estado y les daría un impulso desde Europa, con una equiparación de las regiones ultraperiféricos, reconocidas como «territorios prioritarios», a fin de que puedan gestionar los fondos de cohesión. «Bien invertidos, con un plan estratégico a medio y a largo plazo, podrán conseguir que Melilla sea una hermosa ciudad europea».

En otro orden de prioridades, Núñez Feijóo también mentó los principales problemas de España, que resumió en dos: la corrupción y el bloqueo. Si los «jueces le paran los pies» al Gobierno, los socios «le atan las manos». La presente legislatura en nuestro país tras el portazo definitivo de Junts «está agotada» y, destacó, no se trata de un «juicio partidista», sino de un «acta notarial». Por eso, a Pedro Sánchez lo redujo a poco menos que un estorbo para la marcha del país. Porque, a estas alturas, «sólo puede obstruir».

Según afirmó, el único «itinerario» que sigue la Moncloa es el judicial, con parada en: «La Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid; los juzgados de instrucción de Madrid y de Badajoz». Ahí, describió, «es donde se mueve el Gobierno, el partido del Gobierno y el entorno personal del presidente del Gobierno».

Porque el día a día de la política, en lo que al Ejecutivo se refiere, es eso: atender a los líos judiciales. Y poco más. «El Gobierno no tiene ética, ni solidez parlamentaria, no tiene mayoría, no tiene socios, no tiene capacidad para aprobar las leyes. Es un Gobierno noqueado».