El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha autorizado a la fiscal de Sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado, a investigar los crímenes de Gaza. El máximo representante de la Fiscalía actúa a petición de Delgado que pidió indagar las violaciones de los Derechos Humanos en Israel tras analizar un informe que la Policía Nacional envió en junio a la Unidad que dirige. En concreto, la labor consistirá en recopilar información

Esta decisión se produce después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional cerrara la puerta en julio a admitir a trámite una querella interpuesta por el activista español Sergio Toribio contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanhayu, por crímenes de lesa humanidad con el abordaje de una embarcación de la flotilla de la libertad. Como ha avanzado LA RAZÓN, en dicho informe, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso al considerar que el ente no es competente al haberse impulsado acciones en la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Gobierno israelí.

Sin embargo, el fiscal general ha dado luz verde a que se investiguen las violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Gaza y por ese motivo ha acordado la creación de un equipo de trabajo que estará formado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y por la fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado; esta última exjefa suya.

Cooperación con los tribunales internacionales

El Fiscal General ha adoptado esta decisión a raíz de la petición hecha por la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, tras analizar un informe que la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía envió en junio a la Unidad que esta dirige. En el informe se recogen hechos que pudieran ser constitutivos de crímenes contra la comunidad internacional cometidos por el Ejército del Estado de Israel en la Franja de Gaza.

El Decreto que firma el fiscal general del Estado recuerda la existencia de dos procedimientos seguidos ante tribunales internacionales, uno en la Corte Internacional de Justicia y otro en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Al respecto el decreto incide en que España tiene la obligación de cooperar con estas pesquisas internacionales, si bien las diligencias que ahora se abren en España tendrán por objeto recabar y preservar fuentes de prueba para ponerlas a disposición de la CPI.