La Fiscalía se opone a que el Tribunal Supremo (TS) investigue a Félix Bolaños como presunto responsable de un delito de malversación de caudales públicos en relación a su supuesta "participación directa" en la contratación de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, que realizó gestiones de la vida profesional de la mujer del presidente del Gobierno, según confirman fuentes del Ministerio Público a LA RAZÓN.

Concretamente, se encargó de asuntos vinculados a la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) que la esposa de Pedro Sánchez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Ahora, el fiscal de Sala Fernando Prieto ha trasladado a la Sala de Admisión del alto tribunal su rechazo a que, como pidió el instructor del "caso Begoña Gómez", se indague también en si Bolaños cometió un delito de falso testimonio, cuando declaró ante él como testigo y negó su implicación en que Álvarez entrase como alto cargo en el Ejecutivo.

Esta Sala decidirá en los próximos días si coincide con el Ministerio Fiscal en que no hay indicios de la implicación de Bolaños o, en cambio, inicia un procedimiento contra el ministro socialista.

Lo cierto es que, como puso de relieve el juez Juan Carlos Peinado, el ahora ministro de Justicia era el secretario general de la Presidencia del Gobierno, cuando esta mujer se convirtió en directora de Programas (de este departamento) en el verano de 2018 en que Sánchez recuperó el poder para el PSOE.

Por ello, y teniendo en cuenta que Bolaños apuntó al asistente personal del jefe del Ejecutivo, Raúl Díaz Silva, como el que sabría de dónde partió el nombramiento, el juez Peinado señaló al TS que el ministro habría "omitido, con reticencias maliciosas, las correctas contestaciones, que respondieran a una verdad que conocía", cuando se le preguntó por la contratación.

En definitiva, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid defendió en su exposición razonada remitida al Supremo que Bolaños pudo "participar directamente" en esa designación y "ha conocido o no ha controlado las tareas llevadas a cabo" por Álvarez.

Citando las pesquisas llevadas a cabo, el juez Peinado incluyó entre esas tareas "funciones de atención" a Gómez que se sitúan "al margen de cualquier acto público o protocolario que pudieran tener por su condición de esposa del presidente del Gobierno" y se enmarcan en el ámbito "estrictamente privado". Además de que desarrolló -para el instructor- mientras percibía "retribuciones con cargo al patrimonio público".

Peinado vio imposible seguir adelante con la investigación, sin poner en peligro el "derecho de defensa" del también ministro de Relaciones con las Cortes y Presidencia, por lo que será ahora el TS el que resuelva si le imputa, le toma declaración en este nuevo estado procesal y acuerda como diligencia la reclamación de los documentos que recogerían los detalles del nombramiento de Álvarez.