Francisco Oya: "Los funcionarios constitucionalistas estamos desprotegidos"

Fue suspendido diez meses de empleo y sueldo por la Generalitat porque «hacía quedar muy mal al catalanismo político».

Francisco Oya, profesor de Historia del instituto Joan Boscà de Barcelona, miembro desde hace años de la asociación de Profesores por el Bilingüismo, ha sido suspendido diez meses de empleo y sueldo por la Generalitat por “desatender el ejercicio de sus funciones docentes” y “desacato a la autoridad”.

-¿Se refieren a que usted ha entregado a los alumnos textos complementarios al manual de Historia?

-Con lo de “desatender el ejercicio de sus funciones docentes” se refieren a que no he atendido adecuadamente a la formación de mis alumnos, especialmente los de 2º de bachillerato, que tenían que enfrentarse a la prueba de selectividad de Historia de España (oficialmente Historia a secas, la palabra España es tabú) al final del curso. Concretamente, se dice que en mis exámenes “no utilizo los ejemplos y el formato de las PAU (pruebas de acceso a la universidad”. Para demostrar la falsedad de esta acusación, presenté en las alegaciones unos exámenes originales que habían realizado mis alumnos y la prueba de selectividad de Historia en Cataluña correspondiente al año 2013. No sólo el formato era idéntico, sino que había escogido el mismo documento que en el examen oficial. Pues bien, esto no fue tomado en consideración. También se dice que “llevaba mucho retraso con el temario”, lo cual es falso, puesto que incluso había adelantado a principios de la tercera evaluación a la otra profesora que impartía Historia de 2º de bachillerato en el centro. Pero cuando alego esto, entonces se dice que es así “porque yo explicaba los temas muy superficialmente”. Sin embargo, todo esto se contradice con un dato objetivo, señalado en mis alegaciones: todos mis alumnos aprobaron la prueba de Historia de la Selectividad, y con notas muy brillantes. La respuesta de la resolución a mi expediente es tan increíble que se la reproduzco textualmente:

“El resultado de las PAU son [sic] buenos (...) porque los alumnos tenían acceso al Moodel [sic]del institutodonde tenían mucha información. Es decir, la satisfacción por el resultado de las PAU no recae en absoluto por [sic] el buen ejercicio docente en la materia de Historia del profesor Francisco Oya”. Tengo que reconocer que la inspectora que ha redactado la resolución, Montserrat Figarolas Bosch, tiene respuesta para todo. Los alumnos sacan buenas notas gracias al moodle, a pesar de que el profesor sea un incompetente. Si esto es así, lo mejor que puede hacer la Generalitat es despedir a todos los profesores y generalizar la educación a distancia, se ahorraría muchísimo dinero al contribuyente. Hay que aclarar que la resolución está en lengua española porque yo solicité que el expediente se tramitara íntegramente así, haciendo uso de mi derecho legal. Por lo demás, si una inspectora es capaz de hacer tres faltas -dos de ellas de concordancia- en tres líneas escritas en el idioma oficial del Estado, imagínese cuál puede ser el nivel de los alumnos que sólo han conocido la inmersión en catalán.

- ¿Qué me dice del “desacato a la autoridad, haciéndolo de forma ostentosa”?

-Se pueden referir a muchas cosas, una de ellas, efectivamente, haber repartido material complementario al libro de texto. El director me lo prohibió expresamente porque, según él, “hacía quedar muy mal al catalanismo político”. Después de 35 años de experiencia docente, le manifesté que no estaba dispuesto a admitir este tipo de censura, absolutamente injustificado, añadiendo que ni en la época de Franco un director se atrevía a censurar materiales de un profesor de Historia y que la libertad de cátedra es un derecho constitucional. La gravedad de “hacer quedar mal al catalanismo político” también es recogido en la resolución. Es sorprendente que un director que ha permitido que su centro sea utilizado para un referéndum ilegal, siguiendo las indicaciones de la administración catalana, con finalidad de promover la secesión y el golpe de Estado, hable de “desacato a la autoridad” porque un profesor reparte materiales didácticos que no le gustan y se empeñe en defender su libertad de cátedra.

-También sostienen que ha provocado “un daño moral” al director del centro y una “perturbación significativa en el servicio público”...

-La “perturbación significativa en el servicio público” es que yo, supuestamente, llegaba sistemáticamente muy tarde a mis actividades docentes, y faltaba muchas veces sin justificación, todo lo cual es absolutamente falso. Además, resulta muy fácil de probar, tan sólo había que aportar las hojas de guardia, en las cuales se hace constar diariamente los retrasos y las faltas de todos los profesores del centro. Solicitamos en las alegaciones las hojas de guardia correspondientes a los días en los que yo, supuestamente, había faltado a clase o había llegado con retraso. No se aportaron. En cuanto a las faltas, yo tuve muy pocas a lo largo del curso, y todas convenientemente justificadas por escrito y con documentación. Pero el director rechazó varias de ellas incomprensiblemente. Por ejemplo, rechazó una justificación oficial por haber acudido a una citación del juzgado, a la que tenía obligación legal de acudir. En otra ocasión, rechazó la documentación de la Delegación del Gobierno en Barcelona, en donde tuve que realizar una gestión personal.

En cuanto al “daño moral al director”, se refiere concretamente a lo mal que le sentó que la prensa informara del proceso de acoso que me realizaron un pequeño grupo de alumnos de la CUP, con la connivencia del director, que incluyó pancartas -en la valla del instituto y en el interior de las aulas- en las que se me tachaba de “fascista”, así como asambleas en horas lectivas (con la asistencia de miembros del Equipo Directivo), grabaciones de mis clases y reproducción de mis materiales didácticos en las redes sociales, con comentarios injuriosos.

Curiosamente, quien empezó introduciendo a la prensa en el centro fue el propio director, que estuvo hablando en su despacho con el periodista de un medio digital subvencionado por la Generalitat (El Mon), acompañado del fotógrafo Jordi Borrás, el cual se ha hecho famoso por dedicarse a calumniar a diestro y siniestro a constitucionalistas catalanes. Sin contactar conmigo para contrastar la información, dicho medio publicó un artículo en el que se decía que yo era un peligroso ultraderechista, racista, machista y homófobo. El artículo decía que la información procedía de los alumnos, pero ningún alumno -según pude averiguar- habló con ese medio. Presenté una demanda y la sentencia me dio la razón, condenando al El Mon a rectificar la información.

Los artículos de prensa que tanto “daño moral” hicieron al director -ninguno de los cuales fue firmado por mí- podía haber sido también demandados, por la Generalitat o por el propio director. En lugar de ello, prefieren hacerme a mí responsable. El director, Ignacio García Barrera, incluso se dedicó a lloriquear en este sentido durante dos sesiones del claustro de profesores, aprovechando que yo no me encontraba presente y no podía contradecirle.

-Comentarios homófobos, sexistas y etc. ¿A qué se refieren? ¿Qué pruebas o testimonios han aportado? ¿Cómo puede uno defenderse?

-No se especifica ningún comentario en concreto. Son acusaciones genéricas y difusas. Entiendo que, si se pretende acusar a alguien de ser un racista, por ejemplo, hay que especificar. Por ejemplo: “este profesor ha dicho que los negros tienen un coeficiente intelectual inferior al de los blancos (como afirmaba el político catalanista Heribert Barrera) en la clase de Historia de tal día, cosa que corroboran por escrito los alumnos Fulano y Mengano”. Pero no hay nada de esto. Por lo cual, se deduce que lo único que han hecho es dar crédito al artículo calumnioso de El Mon aludido anteriormente. Por este motivo, incluimos la sentencia condenatoria a este medio en las alegaciones. Pero la resolución siguió manteniendo estas acusaciones.

La única prueba, por llamarla de alguna manera, es la que aporta la inspectora Mª Nieves Lorenzo Galés en la observación de aula que hizo de una de mis clases:

El professor no ha atès (...) les preguntes formulades per les noies. Es detecta que el professor dona mes repostes als nois que a les noies, amb una discriminación de gènere en el temps i atenció donada (El profesor no ha atendido las preguntas formuladas por las chicas. Se detecta que el profesor da más respuestas a los chicos que a las chicas, con una discriminación de género en el tiempo y atención dada). No especifica la inspectora si controló, cronometro en mano, todas mis respuestas. La verdad, es que no sé cómo puede uno defenderse de estas cosas.

-Por si fuera poco me comentan que hay alumnos, muy ligados al independentismo, dispuestos a testificar contra los profesores incómodos.

-Puede ser, pero aquí la responsabilidad no es de unos adolescentes inmaduros, sino de los adultos con cargos oficiales que fomentan estas actitudes, envileciendo la enseñanza.

-¿Hasta qué punto lo que está usted viviendo es un caso aislado y/o le sucede a más docentes? ¿Hay miedo entre los funcionarios? ¿Cómo es el día a día en las aulas?

-Lamentablemente no es un caso aislado, sino la punta del iceberg. Como delegado del sindicato CSIF en Barcelona, me han llegado casos realmente indignantes. A un maestro incorporado desde Granada le abren un expediente y se lo cierran por falta de pruebas; pero al curso siguiente se lo vuelven a abrir, sugiriéndole que el acoso no se acabará hasta que pida traslado fuera de Cataluña. O una maestra cuyo grupo de alumnos es movilizado para una asamblea, dirigida por el director, en la que se les invita a criticar abiertamente a su profesora, la cual no está presente. Una especie de Revolución Cultural aplicada a la Primaria.

Los funcionarios constitucionalistas están muertos de miedo. Muchos de los que habían firmado para figurar en la lista para las elecciones sindicales, que yo iba a encabezar, se volvieron atrás por miedo a las represalias. Por el contrario, los funcionarios de ideología separatista están en su salsa. En el día a día, los funcionarios constitucionalistas procuran ser discretos con sus opiniones para no complicarse la vida.

-¿Y los sindicatos, qué hacen los sindicatos en estos casos?

-Un 60 % de los delegados sindicales pertenecen a sindicatos abiertamente separatistas. Como la Intersindical-CSC, liderada por el asesino terrorista Carles Sastre, fundador de Terra Lliure. Estos, como se puede figurar, no hacen nada. Mejor dicho, apoyan abiertamente a los directores e inspectores, como ha hecho oficialmente el sindicato Ustec-STES -mayoritario en Cataluña con casi la mitad de los delegados- en mi caso. Luego están los sindicatos que podríamos denominar “palanganeros del separatismo”, por usar la feliz expresión de Paco Frutos (CC.OO, UGT, ASPEPC), los cuales se ponen de perfil sistemáticamente en estos casos. Le voy a poner un ejemplo personal. Además de mi afiliación a CSIF, estaba afiliado a ASPEPC. Pues bien, cuando empezaron a salir noticias en la prensa sobre mi acoso en el centro, recibí un correo del secretario general de ASPEPC. Antes de abrirlo imaginé que me escribía para expresarme la solidaridad del sindicato. Pero decía que había una normativa interna en ASPEPC que impedía que un afiliado pudiera presentarse en las listas de otro sindicato, por lo cual me daban de baja. Yo le contesté que, en ese caso, al menos me devolvieran la cuota anual de afiliación, que ya me habían cobrado. Lo cual, efectivamente, hicieron al cabo de poco.

En cuanto al profesor de Granada que le contaba antes, el delegado de CC.OO le recomendó que, dadas las circunstancias, lo mejor que podía hacer era pedir traslado fuera de Cataluña.

Sólo CSIF ha intentado plantar cara a estas situaciones. Ha sido el único sindicato representativo en promover un protocolo para defender a los funcionarios de posibles órdenes ilegales a cuenta del Proceso Separatista, denunciar que la Generalitat prima el requisito lingüístico sobre la capacitación profesional y dar la alarma por la existencia de guetos donde impera el terror nacionalista. Pero CSIF sólo dispone de 2 delegados electos en toda Cataluña, un miserable 1 % del total, a pesar de que en el resto de España es uno de los sindicatos más representativo. Por lo cual, su eficacia está muy restringida.

-¿Se siente usted desprotegido? ¿Qué hizo el gobierno central cuando supo de su caso? He leído que podría haberlo archivado, que la apertura del expediente coincidió con el 155, y sin embargo...

-No es sólo que me sienta desprotegido yo a nivel personal, es que objetivamente todos los funcionarios constitucionalistas estamos desprotegidos y abandonados por el Gobierno de la Nación ante estas situaciones de acoso. Y no sólo en la enseñanza. Podríamos hablar del caso de Inmaculada Alcolea, la mozo de escuadra a la que crucifican sistemáticamente sus superiores con expedientes disciplinarios, o el también policía autonómico Ángel Gómez, cabeza del grupo Mozos por la Constitución.

El Ministerio de Educación pidió información a la Consejería de Educación sobre mi caso. Tuve una entrevista con el entonces Secretario de Estado de Educación, Marcial Marín. Y el ministro Méndez-Vigo encargó un informe a la Alta Inspección del Estado sobre los manuales escolares catalanes, que luego no se atrevió a hacer público. Todo lo cual quedó, finalmente, en nada. Un resultado especialmente frustrante porque, efectivamente, todo esto se desarrolló durante la aplicación del artículo 155, por tanto el Ministerio de Educación era el único responsable de la enseñanza en Cataluña y podía haber archivado el expediente inmediatamente. Pero no se atrevió a hacerlo.

-Uno de los autores del manual de Historia que se utiliza en su centro es Agustí Alcoberro, ex vicepresidente de la ANC... ¿Hasta qué punto llega la falsificación de la Historia en los libros de texto de la Comunidad?

Efectivamente, Alcoberro es autor de numerosos manuales escolares que se han utilizado en Cataluña durante los últimos 20 años, a cual más sectario. Sobre esto podríamos hablar y no parar: Cataluña preexistente desde el Neolítico y Estado independiente desde el s. X. En realidad, el vocablo Cataluña sólo existe desde el siglo XII, y aparece integrada en la Corona de Aragón desde el principio. España, estado perverso y opresor, destructor de las pacíficas culturas americanas y del Estado Catalán en el siglo XVIII. La guerra civil como enfrentamiento entre España y Cataluña. El Estado español intentó desindustrializar Cataluña en el siglo XX, pero finalmente no lo consiguió, etc.

-¿Es optimista de cara al futuro?

-Las cosas, a pesar de todo, han empezado a cambiar. Los medios recogen estos atropellos y se está empezando a poner en cuestión las bases del sistema educativo catalán: imposición del catalán y adoctrinamiento. La población de toda España es consciente de lo que está pasando, salvo los que no quieren enterarse. Existen las condiciones para que un Gobierno de la Nación, sea del signo que sea, dé un golpe de timón de una vez por todas. Espero y deseo que suceda pronto.