Freno al optimismo de Sánchez con la investidura

La ronda de conversaciones que ha realizado Pedro Sánchez con los partidos con representación parlamentaria durante esta semana ha dejado una imagen clara: las aspiraciones del PSOE de una investidura inmediata tras el intento fallido de Albert Núñez Feijóo han quedado imposibilitadas por la realidad. Ya en las dos últimas semanas, desde las filas socialistas se había empezado a enfriar ese escenario optimista de celebrar un pleno de investidura a mediados de octubre y, una vez concluida la ronda de conversaciones, se ha certificado que, como mínimo, las negociaciones se alargarán tres semanas más. Nadie tampoco especifica fecha porque el escenario es muy volátil y todo puede cambiar, aunque sí hay un plazo máximo para evitar una repetición electoral: el 27 de noviembre.

Sánchez ha dado pasos ya públicamente que dan a entender que va a aceptar la amnistía, pero tampoco parece que esa declaración de intenciones haya conseguido suavizar ni a ERC ni a Junts. Probablemente, esos pasos que ha dado el candidato socialista entregando tan fácilmente la medida de gracia hayan sido interpretados como un gesto de debilidad del PSOE y los partidos independentistas quieren aprovecharlo para extraer más réditos: de hecho, la lectura que hacía Gabriel Rufián en sala de prensa tras reunirse con Sánchez en el Congreso vino a ser que dentro de unos años el PSOE también «cambiará de opinión» y dejará de considerar el referéndum como inconstitucional (algo que ha ocurrido con la amnistía).

Tanto Junts como ERC rivalizan por ver quién extrae más beneficios de una negociación con el PSOE y, además de la amnistía, exigen avances en materia territorial con el referéndum. Además, ninguno de los dos partidos quiere un pacto que vaya más allá de la investidura, lo que complica todavía más las cosas a Sánchez, que aspira a atar también los presupuestos de 2024 para garantizarse un mínimo tiempo en Moncloa. Junts ha avisado que siguen «lejos» de un acuerdo «histórico» como el que reclamó Carles Puigdemont a principios de septiembre: el expresident reclama que, antes de la investidura, se den unas condiciones previas que pasan por abandonar la vía judicial contra el independentismo con una ley de amnistía, la creación de un mecanismo de «mediación y verificación» por la «falta de confianza» en el PSOE y fijar como marco jurídico los «límites» definidos por tratados internacionales (es decir, ir más allá de la Constitución).

En este sentido, la amnistía sí parece encaminada pese a que sigue en fase de negociación, pero se antoja complicado que el PSOE acepte la mediación y verificación y eso es lo que criticó Míriam Nogueras el viernes tras reunirse con Sánchez: la portavoz posconvergente señaló que no van a seguir trabajando como se ha hecho con Esquerra durante los últimos cuatro años porque considera que «no ha funcionado» ya que ha habido incumplimientos. También parece que hay falta de entendimiento entre los límites que marca Junts (derecho internacional) y el PSOE (Constitución).

En todo caso, esta semana se aclararán bastantes cosas porque el Consell per la República que preside Puigdemont, celebra una votación entre el 17 y el 23 de octubre para decidir si apoyan la investidura de Sánchez. Los resultados no son vinculantes porque no son las bases de Junts y ERC, pero sí puede influir mucho en los derroteros de las negociaciones y ser un nuevo aviso de los sectores más radicales a Puigdemont.

Tampoco el PNV, el socio más fiel de Sánchez durante la pasada legislatura, ha garantizado el «sí» al PSOE, aunque sí parece aceptar ligar un acuerdo de investidura a los presupuestos de 2024. La imagen que proyectan los nacionalistas vascos da a entender que es más asequible el acuerdo, aunque tampoco parece que vaya a ser inminente. Bildu, en cambio, da ya por hecho su «sí» a Sánchez tras la foto en el Congreso entre el líder socialista y Mertxe Aizpurua, condenada por enaltecimiento del terrorismo, una imagen inédita.

Con este escenario, no es extraño que Sánchez reconozca públicamente la complejidad de la investidura, enviando señales de menor optimismo. De hecho, ayer mismo, en un acto en Mérida junto a Guillermo Fernández Vara, llegó a hacer referencia hasta en dos ocasiones a esa circunstancia: «Pese a la complejidad de las negociaciones que tenemos en curso, confío en que haya un gobierno progresista», dijo inicialmente; «va a ser difícil, pero les pido calma, sensatez y respeto porque vamos a trabajar por un gobierno progresista», añadió más tarde.

Y es que, a diferencia de la pasada legislatura, en esta va a tener que atar sí o sí el apoyo de ERC, Junts, Bildu y PNV. Además, en el próximo año y medio hay cita electoral en el País Vasco y Cataluña y eso va a condicionar los movimientos de todos los partidos. Pese a la prudencia que trata de proyectar, Sánchez también da por hecho que gobernará durante cuatro años o, por lo menos, ese es el mensaje que quiso enviar ayer a las bases en el acto en Mérida para mostrar confianza ante las semanas venideras.