Granados señala a Cifuentes

El ex consejero la vincula, con Aguirre y González, a la contabilidad «B» de dos campañas electorales

El ex consejero la vincula, con Aguirre y González, a la contabilidad «B» de dos campañas electorales.

Francisco Granados señaló ayer a la ex presidenta de Madrid Esperanza Aguirre, al que fuera su número dos en la Comunidad de Madrid Ignacio González y a la actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, por la supuesta financiación con dinero «B» de parte de las campañas autonómicas de 2007 y 2011. Según confirmaron fuentes jurídicas, el ex consejero de Presidencia de Aguirre explicó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón –que investiga la «trama Púnica» de corrupción vinculada al PP– que en ambas elecciones se puso en marcha «una estructura paralela de refuerzo de la campaña de Aguirre» dependientes de un «núcleo de poder» al frente del cual situó a González y a la propia Cifuentes. A lo largo de su declaración como investigado, que se prolongó durante más de tres horas (y que tendrá continuidad el próximo martes), el ex secretario general del PP madrileño aireó incluso una supuesta relación sentimental de Cifuentes, entonces parlamentaria regional, con González, que habría permitido a la primera tener conocimiento de esa presunta contabilidad opaca para sufragar parte de las campañas referidas, en las que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el PP regional pagó más de 4,2 millones de euros de gastos electorales en dinero negro. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha anunciado a Efe su intención de querellarse «de inmediato» contra Granados por un «grave atentado» contra su derecho al honor y a la propia imagen.

Según relató al juez, esos pagos en «B» procedían de partidas para publicidad de empresas públicas como el Canal de Isabel II, Arpegio y de la Agencia de Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). «¿Pero de cuánto dinero estamos hablando?», le preguntó García Castellón en un momento dado. El ex consejero de Presidencia, según fuentes presentes en su declaración, aclaró que el Canal de Isabel II (cuya adquisición en 2001 de la filial colombiana Inasa está en el epicentro del «caso Lezo») manejaba casi diez millones de euros al año en publicidad, pero incluyendo a otras empresas la cifra «podía alcanzar los 40 millones».

Granados no aportó ni un solo documento para acreditar sus revelaciones. «No me he ido nunca llevando papeles de la Administración ni del partido –explicó tras su declaración voluntaria, la tercera ya en esta causa, a las puertas de la Audiencia Nacional–. Me voy de los sitios con lo puesto». No obstante, añadió, «todo lo que he dicho al juez se puede comprobar».

En esa «estructura de poder» donde, según Granados, se tomaban las decisiones en la Comunidad de Madrid, el imputado situó no sólo a Aguirre, González y Cifuentes, sino también al actual consejero de Presidencia, Ángel Garrido, a los también ex consejeros madrileños Jaime González Taboada y Borja Sarasola y a la que fuera directora de Comunicación del Gobierno regional Isabel Gallego.

Pese a que él mismo dirigió la campaña de 2011 (la de 2007, según apuntó, la organizaron González y Cifuentes, entonces secretaria de Política Territorial del PP madrileño), Granados echó balones fuera y no asumió ninguna responsabilidad al respecto. Se presentó, según las mismas fuentes, como un mero «figurante», como «una víctima que no sabía nada de nada».

1,6 millones

De hecho, contó una anécdota para ilustrar ese supuesto dontancredismo: cuando tras las elecciones de 2011 es relevado por Ignacio González como número dos del PP madrileño, le habría dicho a este último ante la plana mayor del partido a nivel regional, Aguirre incluida: «Ignacio, por fin eres secretario general del PP de Madrid, que llevas siendo los últimos ocho años».

Al contrario de lo que hizo con Aguirre, González y Cifuentes, Granados exculpó al ex gerente del PP regional Beltrán Gutiérrez, a quien situó al margen de esa presunta contabilidad en «B», una corriente de dinero negro con fines electorales que él, hizo hincapié, sólo pudo intuir.

Como ya hiciera en comparecencias anteriores ante el juez Eloy Velasco, volvió a insistir en que los 1,6 millones ocultos en Suiza proceden de su labor bursátil cuando trabajaba para Crédit Lyonnais. Ya extramuros de la Audiencia Nacional, Granados intentó ahuyentar cualquier sombra de un posible ajuste de cuentas en su declaración . «Yo no he venido aquí a acusar a nadie de nada», aclaró. Pues eso.