Hacienda revisa los ingresos de UGT y CC OO por los ERE

La Guardia Civil les ha solicitado un informe sobre las comisiones percibidas por labores de «asesoramiento»

Francisco Javier Guerrero, Juan Lanzas, Juan Francisco Trujillo o María José Marcos son los principales nombres de esta trama
Francisco Javier Guerrero, Juan Lanzas, Juan Francisco Trujillo o María José Marcos son los principales nombres de esta trama

La Guardia Civil ha solicitado al Ministerio de Hacienda datos concretos sobre los ingresos que percibieron los sindicatos Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores en Andalucía, y que puedan estar relacionados con la investigación sobre los ERE fraudulentos. En concreto, los agentes rastrean las comisiones percibidas por ambas centrales por su participación en el asesoramiento de los Expedientes de Regulación de Empleo financiados con cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucía durante los años 2001 y 2012.

Fuentes de la investigación, consultadas por LA RAZÓN, no quisieron dar detalles concretos de la solicitud que se ha realizado a Hacienda en relación con los ingresos de los sindicatos. En cualquier caso, se trataría de dinero que, por su origen y naturaleza, debería haber sido declarado. Otra cosa es que se haya hecho o no, dato que se deberá determinar ahora y las cuantías. Los datos que proporcione a Hacienda permitirán verificar, una vez realizados los correspondientes «cruces», si se ajustan a los que ya dispone la Guardia Civil por las diligencias que ha practicado o salta alguna nueva «sorpresa» en el escándalo de los ERE.

La juez Mercedes Alaya, en el auto que ordenó la prisión sin fianza para el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín, expuso que la empresa mediadora había pagado 4.291.384,10 euros a «los entornos» de UGT y CC OO por su intervención en los ERE. Se trataría de cantidades que saldrían del presupuesto público en concepto de «sobrecomisiones» y que luego se introducirían en el circuito financiero a través de empresas pantalla y testaferros.

En el caso de UGT-A y CC OO-A su participación en los ERE era conocida. A través de Atlantis Asesores y Temiqui cobraban un porcentaje que oscilaba entre el 0,5 y el 1 del volumen de la póliza. Se trataba de servicios de asesoramiento porque participaban en las negociaciones en representación de los trabajadores afectados. Todas las cantidades salían de la Consejería de Empleo. En concreto de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Así lo reconoció en su declaración ante la instructora Francisco Javier Guerrero.

Esos importes deberían, posteriormente, declararlos a la Agencia Tributaria. Eso es lo que quieren comprobar los investigadores. Los 4,3 millones se corresponden sólo a comisiones de operaciones en las que intervino la empresa Vitalia. En los últimos años, la mediadora Uniter –con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz) y cuyo responsable declarará mañana– también intervino en numerosos ERE. De hecho, Hacienda informó de que entre 2006 y 2010 ambas empresas percibieron en comisiones de la Junta 34,5 millones.

UGT –al igual que y CC OO– aseguró ayer en un comunicado que no ha obtenido «en su actuación de defensa de los trabajadores en los ERE en los que ha intervenido y sigue interviniendo, en toda España y también en Andalucía ingresos ilegales» de los ERE. Hoy está prevista la comparecencia en rueda de prensa en Sevilla del Secretario de Acción Sindical en la Ejecutiva Confederal de UGT, Toni Ferrer, acompañado por el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana.

En cualquier caso, el negocio era redondo para todos los intervinientes. Según la magistrada, «la Consejería de Empleo, previo ofrecimiento de dádivas por el inculpado o a su instancia –Albarracín–, obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros, y permitiría a Vitalia por su gestión de las pólizas unas sobrecomisiones elevadísimas en relación al precio del mercado, superiores en un 15 por ciento, que serían soportadas en su mayor parte por la Junta».

Los sindicatos también sacaban tajada y los trabajadores se prejubilaban con una póliza de rentas que le garantizaba unos ingresos mensuales similares a los que tenían cuando trabajaban hasta alcanzar la edad de jubilación.

Políticamente, la Junta se aseguraba la «paz social» –argumento utilizado por la Consejería de Empleo en sus alegaciones cuando la Intervención General alertó de que el procedimiento vulneraba la normativa en materia de subvenciones–. Hasta 15 informes elaboró el órgano de control sin que la Junta cambiara. Uno de los destinatarios de esas auditorías era el actual presidente de la Junta José Antonio Griñán cuando ocupaba la consejería de Economía y Hacienda en el Gobierno de Chaves.

Sin resultados en la búsqueda del zulo de lanzas

La búsqueda de dinero en una finca propiedad de uno de los implicados (ya en prisión), Juan Lanzas, que precisamente perteneció a la UGT, no ha dado, de momento, resultados positivos. El terreno sobre el que realizan las pesquisas con la ayuda de un georadar está en la localidad jienense de Albánchez de Mágina. Según la instructora, el «conseguidor» de los ERE se apropió de 13 millones de euros de forma presuntamente ilícita desde el año 1990, cantidad que explica, entre otras cosas, su incremento patrimonial: cuatro casas y un apartamento en la playa, según se recoge en el auto que decretó prisión sin fianza para él. La Benemérita trata de hallar 2,7 millones de euros que esta persona habría amasado con el fraude. Durante un registro en una de una de sus propiedades en Jaén, un perro adiestrado encontró 82.000 euros en sobres dentro de un maletín que contenía una máquina de escribir.