El PP impulsa una ley para quitarle el órgano de protección de datos de la Fiscalía a García Ortiz

Con la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como «Ley Bolaños», el Gobierno ha colado una disposición para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y quitarle toda independencia a la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos. Esa unidad, que se encarga del control de los datos de carácter personal que trata el Ministerio Fiscal, está regulada en el EOMF y, hasta ahora, su dirección era escogida por mayoría en el Pleno del Consejo Fiscal. Sin embargo, con la reciente reforma legislativa, el titular de la unidad pasa a ser elegido directamente por el fiscal general del Estado, que, en estos momentos, es Álvaro García Ortiz.

Precisamente, García Ortiz está ahora investigado por el Tribunal Supremo por el presunto delito de revelación de secretos tras haber estado supuestamente detrás de la filtración de datos comprometedores de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La falta de independencia de la Unidad de Control de Protección de Datos con la nueva «Ley Bolaños» se refuerza con el hecho de que pasa de formar parte del Ministerio Fiscal a estar directamente integrada en la Fiscalía General del Estado, como una unidad de apoyo.

En este sentido, la ley impulsada por el PP en el Senado busca tanto modificar la elección del titular de la Unidad como recuperar los criterios para su elección: «Al frente de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos se nombrará por mayoría absoluta del Pleno del Consejo Fiscal una persona titular de la Unidad, de entre juristas de reconocida competencia con al menos quince años de ejercicio profesional y con conocimientos y experiencia acreditados en materia de protección de datos».

Además, la proposición de los populares recoge que «la persona titular y el resto de personal adscrito a la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos estarán sujetos al deber de secreto profesional» con relación a las informaciones confidenciales de las que hayan tenido conocimiento en el cumplimiento de sus funciones, una disposición importante en el momento actual, con la polémica que rodea a la Fiscalía por la filtración de datos personales de la pareja de Ayuso.