Imputados, pero no culpables

Las alegaciones de la defensa de Urdangarín reabren el debate de la «pena de telediario». Políticos, deportistas y empresarios resultaron absueltos tras la condena social

El abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pacual Vives, se opuso ayer a que el juez José Castro, instructor del «caso Nóos», imponga a su cliente la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros solicitada por la Fiscalía y Manos Limpias, tal y como adelantó LA RAZÓN, al entender que no ha cometido delito alguno ni ha ocasionado ningún perjuicio a la Administración. ¿Es el duque de Palma inocente? Hay que esperar a que la Justicia hable, pero no sería la primera vez que se asume que un imputado va a ser declarado culpable y, al final, es absuelto.

Un caso reciente es el del ex presidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps (PP), que fue imputado en 2009 por el juez Garzón por recibir supuestamente unos trajes de la trama del «caso Gürtel». Al ser aforado, Garzón tuvo que inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJCV), que imputó nuevamente al todavía presidente. El TSJCV archivó la causa, pero el Supremo le ordenó reabrirla en 2010. Camps ganó a las elecciones de mayo de 2011, aunque meses después dimitió. En enero de 2012 fue declarado no culpable.

Casi en paralelo, aparece el caso de la atleta Marta Domínguez, que fue detenida por su presunta implicación en la «operación Galgo» a finales de 2010 por delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales. La deportista fue exculpada del delito de tráfico de sustancias prohibidas en abril de 2011 y en julio del delito de suministro sin receta médica de un fármaco a un conocido. En noviembre de ese mismo año, tres días antes de ser elegida senadora del PP por Palencia, fue exculpada del delito fiscal. El caso fue archivado en 2012.

Éstos son los asuntos más sonados de los últimos años, pero la historia reciente deja otro buen puñado de nombres. Entre ellos figura el ministro de Industria, José Manuel Soria. En 2008, cuando presidía el PP canario y era vicepresidente del Gobierno insular, fue denunciado por cohecho en el marco del «caso Salmón», que fue archivado en 2009.

La sombra de la sospecha también ha planeado sobre otros presidentes autonómicos. El socialista Demetrio Madrid abandonó su cargo de presidente de Castilla y León en 1986 tras conocerse un auto de procesamiento de la Audiencia Territorial de Valladolid por la venta fraudulenta de una empresa. El TSJ de la comunidad lo absolvió en 1990. Algo parecido le ocurrió a Carlos Collado (PSOE), que dejó la presidencia de Murcia en 1993, acusado por el Tribunal de Cuentas de inflar la compraventa de una finca. Fue absuelto en 1997.

Un poco más abajo en la Administración, se encuentan los casos del ex alcalde popular de Llucmajor (Mallorca) Lluc Tomàs y el ex alcalde socialista de Estepona (Málaga) Antonio Caba. Tomàs fue condenado a tres años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos y a ocho años de inhabilitación absoluta por la Audiencia Provincial de Palma en 2009, por lo que dimitió. El Tribunal Supremo lo absolvió en 2012. Caba renunció en 2001, tras ser acusado por la Fiscalía Antidroga de blanqueo de capitales. Fue condenado por la Audiencia Nacional en 2002 a cinco años de prisión y absuelto por el Supremo en 2007. También figura el proceso del ex consejero de Educación madrileño Gustavo Villapalos, que en 2000 fue imputado por delitos de prevaricación y malversación de fondos cuando era rector de la Complutense, pero fue absuelto por el TSJ de Madrid en 2005. No abandonó su cargo, como sí hizo el ex ministro de Sanidad y Consumo socialista Julián García Valverde en 1992, tras ser imputado por la adjudicación de unos terrenos del AVE a Sevilla mientras dirigía RENFE. Fue absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid en 2006 por falta de pruebas. También abandonó su cargo en 1999 el entonces director del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Nicolás López de Coca, cuando estalló el «caso del lino», sobre supuestas irregularidades en la gestión de las ayudas europeas. Fue imputado por Garzón en 2002, pero la Audiencia Nacional se declaró incompetente para juzgarlo en 2006, al entender que no tenía conexión con los otros imputados –absueltos en 2007–.

Junto a los cargos públicos, aparecen empresarios como el ex presidente de la ONCE Miguel Durán, que fue imputado por el juez Garzón en 1997 por un presunto delito fiscal y de apropiación indebida cuando estaba al frente de Telecinco, con otros directivos. La Audiencia los absolvió en 2007 y el Supremo confirmó la decisión en 2008.