Interior ordena a la Policía proteger los domicilios de los acosados

-El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha remitido una instrucción a las Fuerzas de Seguridad para que, en la convocatoria de escraches, se adopten una serie de medias, entre ellas las relativas a las reuniones no comunicadas o, si se da el caso que los concentrados actúen de forma violenta, se proceda a su detención. Si los escraches se realizan «ante los domicilios particulares de los cargos públicos, se adoptarán, además de las anteriores, las medidas precisas para salvaguardar, asegurando una distancia prudencial, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad personal y familiar de los afectados», agrega la orden.

A primera hora de la mañana, a raíz de unas declaraciones del propio Martínez y de una circular que el Director de Apoyo Operativo (DAO) de la Policía, remitió a todas las comisarías, se dio por hecho que la distancia mínima a la que se podrían situar los participantes en los escraches sería de 300 metros. Se trataba, según informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, de una cifra meramente orientativa y que hacía referencia a la que ha establecido la Ertzaintza para casos similares.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, negó «que como norma general prohiba los escraches a menos de 300 metros de domicilios de políticos, ya que la distancia de seguridad dependerá de la ubicación de cada vivienda». Agregó que la orden es que se apliquen las «medidas operativas» necesarias para garantizar derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar».

Se viola la Ley de Reunión

«En algunos supuestos –añadió– hablar de 300 metros no tiene ningún sentido, es absurdo (...) En algunos casos serán 300 metros y en otros 30». En cualquier caso, subrayó que «la ley de reunión se está violando flagrantemente en todos esos casos», por lo que el Gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho a la inviolabilidad del domicilio de cualquier ciudadano.

Por su parte, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, dijo que se fijará una «distancia orientativa» y dependiendo «de las circunstancias concretas de cada caso», a lo que se sumará la coordinación con las Delegaciones del Gobierno y el criterio de los mandos policiales.

En todo caso, remarcó que se actuará «con la máxima prudencia, equilibrio y eficacia, pero también con la firmeza con la que siempre actúa la Policía en cumplimiento de la legalidad». «Las protestas frente al domicilio de los políticos son "totalitarias"y merecen una condena expresa de la sociedad, puesto que "la violencia y la coacción son inaceptables"».