Jesús Lizcano: «En España la profesión de corrupto ha pasado a ser de muy alto riesgo»

El presidente de Transparencia Internacional España cree que la permisividad social y la impunidad han perpetuado la corrupción en nuestro país en los últimos años, aunque en la actualidad, recalca Jesús Lizcano, hay menos corrupción «pese a que la percepción de los ciudadanos sea más alta».

–¿Hay tanta corrupción en España como parece en relación a otros países de nuestro entorno?

–Según el último Índice de Percepción de la Corrupción, recientemente publicado por nuestra organización, España ha obtenido la puntuación más baja de toda la serie histórica, lo cual es preocupante. Estamos en el puesto 36 entre 168 países, pero si nos comparamos con los países de la Unión Europea, tenemos la posición 18 entre 28. En todo caso, y por tratar de ser optimista, creo que en estos momentos puede haber menos corrupción que en los últimos años, si bien la percepción ciudadana sea más alta debido a las permanentes noticias en los medios.

–¿La corrupción en nuestro país es endémica o coyuntural?

–La corrupción en España no es sistémica, como ocurre en otros muchos países, en los que hay corruptos entre policías, jueces y otros muchos funcionarios, políticos y empresarios. En España es fundamentalmente política, es decir, atañe a los cargos públicos y políticos, con la complicidad y participación de empresas. En este sentido, al menos, no se puede decir que esté generalizada y, por lo tanto, es de esperar que vaya disminuyendo en los próximos años.

–¿Con qué armas se la puede combatir de forma eficaz?

–Son necesarias distintas vías de actuación. La llave del cambio la tienen los partidos políticos, que son los que controlan prácticamente todos los poderes. La solución clara y radical pasa por que lleguen a un acuerdo para combatir efectivamente la corrupción. Mientras tanto, tenemos que seguir potenciando el frente social actualmente existente contra la corrupción, en el que participan, además de jueces y fiscales cada vez más beligerantes, medios de comunicación, Fuerzas de Seguridad, ONG y, sobre todo, los ciudadanos, cada vez más indignados y proclives a denunciar los casos, siendo cada vez menos tolerantes y laxos con la corrupción.

–¿Cuáles son los organismos públicos más expuestos a la corrupción en España?

–Tradicionalmente, los más contaminados han sido los ayuntamientos, pues han tenido las competencias urbanísticas y en España ha habido, durante años, una gran corrupción urbanística, aunque con la crisis económica y, sobre todo, inmobiliaria, ha disminuido bastante este tipo de corrupción, centrándose ahora en contratos públicos y subvenciones.

–¿Y la institución más ejemplar en cuestiones de transparencia?

–Son muchas las instituciones públicas que tienen un alto nivel de transparencia, y sin señalar una en concreto, podemos decir que la región en donde hay un mayor nivel de transparencia es el País Vasco.

–¿Cree que nuestra sociedad ha sido suficientemente combativa ante este fenómeno?

–La sociedad española no ha sido suficientemente combativa, ya que ha habido un alto nivel de permisividad social y de laxitud ante las conductas corruptas de numerosos políticos, cargos públicos y empresarios. En todo caso, la situación va mejorando y la sociedad va siendo cada vez menos tolerante y más combativa. Es evidente que los ciudadanos han hecho llegar a las urnas su indignación por la corrupción penalizando a varios partidos que tenían presuntamente numerosos casos de corrupción.

–¿Qué hace más daño a la lucha contra la corrupción: la sucesión de casos o los indultos?

–Ambas cosas son realmente dañinas. Aunque los numerosos casos de transcendencia pública crean una mayor alarma social, mientras que sobre los indultos no se hace apenas publicidad, es un tema importante, siendo necesaria la prohibición legal de conceder indultos en casos de corrupción.

– ¿Es irremediable que las donaciones a los partidos se conviertan en viveros de la corrupción?

–Las donaciones han ido siendo en buena medida limitadas por la legislación. Es en todo caso necesario que las que se puedan hacer sean realmente transparentes y así disminuir el riesgo. En todo caso, la actual consideración como delito de la financiación ilegal hace más difícil que haya donaciones opacas, pero es muy importante que se equiparen los partidos a las fundaciones vinculadas a los partidos, que en materia de donaciones siguen teniendo una situación diferente e indebidamente favorable.

–¿Qué parte de culpa ha tenido el «boom» urbanístico en el aumento de la corrupción en España?

–Durante bastantes años el «boom» urbanístico y el gran incremento de los precios de los terrenos han propiciado un gran número de prácticas de corrupción en el sector urbanístico, habiendo existido además un alto nivel de impunidad, lo cual afortunadamente se ha ido corrigiendo en los últimos años.

–Al margen de la política, ¿en qué otros ámbitos preocupa más a Transparencia Internacional la aparición de prácticas corruptas?

–En nuestro país, la corrupción se ha centrado fundamentalmente en el ámbito político. En todo caso, hay otros ámbitos en los que se siguen dando casos de prácticas corruptas, tal como estamos viendo, por ejemplo, en el ámbito del deporte o en el sector financiero.

–¿Cree que la sensación de impunidad ha actuado durante años como efecto multiplicador?

–La impunidad ha servido durante bastantes años de correa de transmisión y de perpetuación, en muchos ámbitos, de este fenómeno. La disminución de esa impunidad, con la gran cantidad de procesos judiciales por corrupción (más de 1.700 casos), sirve ahora de elemento disuasorio para los potenciales corruptos, que deben darse cuenta cada vez más de que en España la profesión de corrupto ha pasado a ser de muy alto riesgo.

–¿Cuentan los jueces con herramientas suficientes para luchar contra ella?

–En el ámbito judicial hay, en general, una importante penuria de medios, ya que en los países europeos hay por término medio 21 jueces por 100.000 habitantes, mientras que en España hay 11. En muchos casos esta falta de medios provoca que los procesos judiciales sean extremadamente lentos y los ciudadanos tengan una sensación de impunidad por que muchos de los corruptos estén durante bastantes años sin sentencia.

–¿Qué cambios legislativos son urgentes para combatirla?

–Sería necesaria una ley de protección de los denunciantes, que se regulasen los lobbies, que se acotasen legalmente los indultos a corruptos, que disminuyese sustancialmente el número de aforados, que se incluyese en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito, que se publicase con urgencia el Reglamento de la Ley de Transparencias y se estableciese un régimen claro de infracciones y sanciones para aquellos cargos que no cumplan las obligaciones en materia de transparencia. Aunque se ha avanzado en estos últimos años, queda bastante camino por recorrer.