El juez Aguirre abre una investigación que implica a Puigdemont y a Mas por la trama rusa del "procés"

El juez del "caso Volhov" y titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha abierto una nueva pieza sobre la trama rusa en el "procés" y ha iniciado una investigación que implica a Carles Puigdemont, Artur Mas y once personas más. En concreto, la investigación se ha abierto por los presuntos delitos de alta traición y malversación de caudales públicos, según el auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Según el auto dictado por el juez Aguirre, diez días después de que entrase en vigor la Ley de Amnistía, también están investigados Víctor Tarradellas, el diputado Francesc de Dalmases, la exconsellera Elsa Artadi, el empresario con intereses en Rusia Jordi Sarda, la corresponsal en Moscú Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, el periodista Carles Porta, el empresario ruso Aleksander Dmitrenko, Josep Lluís Alay y el abogado Gonzalo Boye. El juez señala que una vez concluya la "parte esencial" de la instrucción, se elevará exposición razonada al órgano judicial competente para los aforados Puigdemont y De Dalmases ya que no tiene competencias para imputar a ninguno de los dos.

El juez abre una nueva pieza separada tras las "objeciones técnico-procesales planteadas por la Audiencia Provincial", quien en un auto de este mismo mes de junio instó a Aguirre a enviar a juicio o archivar la investigación de la trama rusa. Es decir, la Audiencia de Barcelona impidió al juez seguir investigando al declarar finalizado el plazo de instrucción.

"Este Magistrado considera que se han hallado indicios más que suficientes que justifican sobradamente la apertura de esta pieza separada con la finalidad de investigar, a instancia también del Parlamento Europeo, todas las conexiones relacionadas con el Gobierno Ruso, los viajes y encuentros de Puigdemont y sus colaboradores y las actividades realizadas por éstos, que habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización, y alteración de la paz social", justifica Aguirre en el auto dictado.

El juez recuerda que se "han encontrado indicios de que se habría facilitado la injerencia rusa en territorio español mediante la utilización de fondos públicos destinados a financiar dichas actividades", sea en el "desarrollo de relaciones internacionales" o sea "mediante su influencia en las estructuras financieras con el desarrollo de infraestructuras digitales de criptomonedas".

En el auto, Aguirre alerta de que "los servicios de inteligencia de Rusia podrían haber logrado incluso poner a su servicio a representantes europeos electos" con la intención de obtener información "valiosa" de "aquellos países que estén bajo el paraguas de la OTAN". "Planes estratégicos que puedan afectar a Rusia, capacidad de las Fuerzas Armadas, movimientos militares en espacio OTAN, defensas NRBQ, desarrollo de armamento convencional y nuclear", resume, sobre los problemas que pueden desencadenar los contactos del independentismo con el régimen de Vladímir Putin.

La apertura de esta pieza complica la aplicación de la amnistía a los implicados ya que tanto la alta traición como la malversación han generado dudas sobre su encaje en la Ley que entró en vigor hace diez días. El propio Aguirre señala en el auto que ambos delitos son "objeto" de la Ley de Amnistía y, por ello, "deberá darse vista a las partes por término de 2 días para que se pronuncien acerca de la amnistiabilidad o no".

Lo cierto es que el artículo 2 de la Ley de Amnistía recoge los delitos que quedan excluidos de la amnistía y ahí aparecen tanto la malversación (en el punto e) como la alta traición (f). En concreto, sobre la malversación se hace referencia a "los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea" mientras que sobre la alta traición se hace alusión a que queda excluida "siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España en los términos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas o en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 24 de octubre de 1970".

El auto del juez ha generado respuestas inmediatas de Junts, ya que es el partido que más dirigentes tiene afectados por la nueva investigación abierta. En concreto, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha señalado en sus redes sociales que los jueces "solo quieren venganza sin ningún tipo de escrúpulos ni vergüenza" y ha apuntado que es una "causa inexistente, una fantasía investida", pero "cualquier cosa vale para perseguir independentistas".

Boye, abogado de Puigdemont y también ahora en el punto de mira de la Justicia tras el inicio de esta investigación, ha tachado de "delirio" la nueva pieza abierta por el juez. "A ciertas edades los psicotrópicos son peligrosos y llevan a delirios como el que estamos leyendo en estas 57 páginas que se han escrito a costa del erario público", ha señalado en declaraciones a "Tv3". "La auténtica malversación es esa, no otra", ha añadido.