El juez que investiga a la ex militante socialista Leire Díez por sus presuntas maniobras para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles ha aplazado del 11 al 17 de noviembre su declaración como imputada, a la espera de que uno de los denunciantes, el fiscal Ignacio Stampa, aporte la documentación que en su comparecencia judicial del pasado miércoles se comprometió a entregar.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, aplaza las declaraciones de Díez y los demás investigados en la causa --el periodista Pere Rusiñol y el empresario Javier Pérez Dolset-- a las 11.30 horas del próximo 17 de noviembre. El instructor señala que quiere reproducir los audios señalados por el que fuera fiscal del 'caso Villarejo' ante los investigados y demás partes antes de comenzar con los interrogatorios. No obstante, se mantienen las declaraciones fijadas para ese mismo 11 de noviembre de varios testigos: ocho periodistas y el abogado Jacobo Teijelo.

El juez investiga a Díez como presunta cabecilla de una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con Pérez Dolset y Rusiñol para "recabar información comprometida o irregular de los mandos de la (UCO) de la Guardia Civil" para "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios", lo que constituiría tráfico de influencias y cohecho.

En el desarrollo de la investigación el juez acabó incorporando las denuncias presentadas por Stampa y el fiscal anticorrupción José Grinda, que denunciaron un presunto intento de soborno por parte de los investigados. Ambos testificaron el pasado 5 de noviembre ante Zamarriego para ratificar sus denuncias.

El juez señala fundamentales las denuncias de Stampa y Grinda

Stampa contó en su denuncia que en la reunión con Díez y Pérez Dolset le pidieron información sobre supuestas "las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción" a las que ellos achacaban el inicio de causas como la que se dirige contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. De hecho, indicó que le dieron a entender que el presidente del Gobierno "había dado la orden de limpiar, sin límite" al estallar el caso contra su esposa. A cambio le habrían ofrecido ayuda en sus problemas con el Ministerio de Justicia por su salida de Anticorrupción.

En la misma línea, Grinda denunció que se reunió con Rusiñol el pasado 27 de febrero porque era un "amigo" que le había pedido verse pero que le transmitió una oferta de soborno de parte de Díez para que le contara supuestas irregularidades del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, a cambio de un destino en el extranjero y de neutralizar una demanda en su contra.

El fiscal del 'caso Leire Díez', Juan Pablo Nieto, indicó en un recurso que es "fundamental" la "singularidad de que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear Leire Díez, de que ella habla en nombre de altas instancias del Estado".

A su entender, es "evidente" que la conexión entre los denunciados --Díez, Pérez Dolset y Rusiñol-- trata presuntamente de "manipular pleitos heterogéneos que unas veces afectan a políticos y otras a empresarios, pero los tres colaborarían en un plan delictivo unidos por la coincidencia y necesidad de denigrar a las dos instituciones mencionadas", en referencia a la UCO y Anticorrupción.