El magistrado que investiga el "caso Koldo" en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha dado el primer paso para investigar el patrimonio de José Luis Ábalos. El instructor ha requerido a la UCO de la Guardia Civil un informe en profundidad sobre las cuentas y los bienes inmuebles del exministro de Transportes y de su hijo Víctor, un día después de recibir el aval del Congreso de los Diputados para investigarle.

Además, le cita de nuevo el 18 de febrero ya con el estatus propio de investigado y a Koldo García. Ambos declararon en el alto tribunal en diciembre, si bien el primero lo hizo de forma voluntaria sin que se hubiera avalado el suplicatorio a la cámara baja. En el caso de Koldo García, quien fuera asesor suyo en el Ministerio, requiere una prueba de escritura para practicar una pericial caligráfica. El objetivo es comparar su letra con la que figura en los documentos aportados por el comisionista de la trama, Víctor de Aldama.

Además, acuerda escuchar a 17 testigos. Entre ellos se encuentran los exaltos cargos de Transportes Jesús Manuel Gómez García, Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera; el director de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno Medina, a quien la trama asegura que pagó 25.000 euros por una gestión favorable a la red; el hijo del exministro Víctor Ábalos y también Joseba García, hermano de Koldo García e investigado en la causa principal que se sigue en la Audiencia Nacional.

La empresa que llevó dinero al PSOE

El instructor escuchará también a la empresaria Carmen Pano, investigada en la trama de hidrocarburos y quien confesó haber llevado 90.000 euros en bolsas al PSOE. Del mismo modo, comparecerán su hija, Leonor González Pano; Claudio Villafuel, presunto cabecilla de esta trama de corrupción que se investiga en la Audiencia Nacional, y Alberto Escolano. Este último está igualmente investigado en estas diligencias y se le sitúa como mano derecha de Aldama y persona que le guardó documentos sensibles mientras estuvo en prisión.

También están citados Jessica Rodríguez, la joven que habría sido pareja de Ábalos y a quien la red le pagó el alquiler de la vivienda de lujo en la que residió en la madrileña Plaza de España durante la pandemia y empresarios que como Manuel Contreras (presidente de Azvi); o el dueño de Levantina, Ingeniería y Construcción S.L, José Ruz. Completan la lista Ana María Aranda (quien fuera secretaria de Ábalos); el exdirector general de Carreteras Javier Herrero Lizano y el exalto cargo de Transportes Alejandro de las Alas.

El magistrado da impulso de esta forma al procedimiento que se desligó de la Audiencia Nacional tras la implicación de Ábalos y pone el foco en todo su entorno, incluidos los empresarios al frente de constructoras que, según Aldama, habrían pagado mordidas tanto a los imputados como al PSOE, a cambio de adjudicaciones del Ministerio de Transportes.

Los pisos con "señoritas"

Además, el magistrado Puente solicita a la UCO que identifique las personas que contrataron a Jessica Rodríguez en el Ineco (empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos) y luego en Tragasatec y requiere a Aldama para que aporte, en un plazo de diez días, relación de los pisos que asegura haber facilitado para encuentros en los participaban Torres, Koldo García y Ábalos.

En concreto, se le solicita la fecha de los contratos, las estancias y el pago de los mismos. "Y para que indique también si hubo algún pago a las 'señoritas' a las que se refirió en su declaración y, en su caso, quién lo abonó", reza el auto.