El juez del "caso Koldo" rechaza llamar como testigo a Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia

El empresario Javier Hidalgo no tendrá que ir a declarar ante la Audiencia Nacional (AN) por el conocido como “caso Koldo”, al menos, de momento. En un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el juez Ismael Moreno ha rechazado la solicitud que planteó una acusación popular para que llamara a declarar como testigo a quien fuera consejero delegado de Globalia, grupo al que pertenece la aerolínea Air Europa, que fue rescatada por el Ejecutivo.

La asociación Liberum, que ejerce la acusación popular, solicitó la prueba testifical para que el instructor del “caso Koldo” conociera la versión de Javier Hidalgo sobre sus vínculos con el comisionista Víctor de Aldama, al que los informes policiales sitúan como uno de los conseguidores de la trama.

La Fiscalía también se opuso a citarle como testigo y el instructor acoge sus argumentos. "Esta pretensión no puede prosperar", señala el Ministerio Público que, aunque considera "acreditada una relación de Globalia con Soluciones de Gestión y con Víctor Aldama", advierte que esta se ciñe al transporte de las mascarillas. Además, no es la única empresa que ha ofrecido este servicio a la sociedad de la trama. El fiscal también rechaza llamar a Leticia Lauffer, consejera delegada de la sociedad Wakalua, bajo el argumento de que, aunque haya tenido relación con Aldama, "no necesariamente tiene que implicar que haya podido tener relación con los hechos investigados".

El juez Moreno recoge en el auto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las diligencias previas y destaca que "son según la Ley solo las esenciales y no pueden utilizarse para otros fines" ni tampoco se pueden extender "por más tiempo del que se precisa" ya que podrían "convertirse por una inaceptable corruptela en un nuevo procedimiento desvirtuando su naturaleza".

Además de hacer suyas las razones del Ministerio Fiscal, descarta que el hecho de que a Hidalgo le hayan citado a la comisión de investigación parlamentaria sirva como argumento para que comparezca como testigo. Sobre esto, aclara que "la finalidad de la investigación parlamentaria es la determinación de eventuales responsabilidades políticas y propuesta de reformas legales, mientras que la finalidad del proceso penal es la búsqueda y determinación de la verdad material dentro los parámetros establecidos por la legislación procesal", por lo que rechaza realizar la prueba testifical que solicitó Liberum.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 investiga nueve contratos públicos que se habría adjudicado la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresa SL, la sociedad principal de un entramado empresarial que se habría utilizado para el cobro de comisiones ilegales. Los nueve contratos bajo sospecha habrían generado una facturación de 53 millones de euros.

Además de Víctor de Aldama, el juez investiga a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y al empresario Juan Carlos Cueto, entre otros.