Tribunales

El juez cita como imputada a la empresaria que dice que llevó 90.000 euros a Ferraz

El magistrado interrogará a una quincena de investigados en la trama de hidrocarburos, entre los que se encuentra la "mano derecha" de Aldama

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo, donde el juez Leopoldo Puente le interroga como investigado.
El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo, donde el juez Leopoldo Puente le interroga como investigado. Alberto R. RoldánLa Razón

El magistrado Santiago Pedraz ha acordado una batería de declaraciones en la causa por la trama de los hidrocarburos tras levantar el secreto de sumario. Entre los investigados citados se encuentran Alberto Escolano, "mano derecha" de Víctor de Aldama y uno de los principales investigados y Carmen Pano; la empresaria que confesó ante la Guardia Civil haber llevado 90.000 euros a Ferraz.

Así se desprende de una providencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN y en la que acuerda interrogar a una quincena de investigados entre los días 5 de marzo y 3 de abril. Los interrogatorios arrancarán con Javier Cillán, contable de Villafuel (la empresa clave de esta trama) y Pedro Antonio Marín, administrador de la petrolera y empresario que aparece también en contratos de préstamo con otros implicados en esta red de fraude del IVA.

El 7 de marzo comparecerán Félix Aparicio, administrador de Salamanca Fuel Center, y Oriana Aciego, quien figuraba al frente de Canary Islands Fuel Company. La UCO les sitúa en el escalafón más bajo de esta presunta organización criminal como presuntos testaferros de la misma. Para el 12 de maro están convocados Juan Rodríguez Vélez y José Fernández Rosado; ambos administradores de la mercantil Espaeventos S.L y también presuntos testaferros del entramado que controlaban Aldama y Claudio Rivas.

La confesión de Carmen Pano

Dos días después, el 14 de marzo, serán interrogados Javier Seguí, administrador de Salamanca Fuel Center, y Aaron Gómez, detrás quien estaría Obaoiol 3000 S.L. El 19 de marzo el magistrado Pedraz interrogará a Carmen Pano y su hija, Leonor Pano. Se trata de testimonios relevantes ya que la primera de ella confirmó ante la Guardia Civil en diciembre, que llevó 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE por encargo de Víctor de Aldama.

Estructura jerárquica Aldama
Estructura jerárquica AldamaT. GallardoLa Razón

A diferencia del resto de detenidos, Carmen Pano, administradora de la firma Have Got Time, se prestó a declarar ante los agentes de la UCO cuando las diligencias todavía estaban secretas. En su interrogatorio desveló varios episodios de interés para la investigación, tales como que fue la persona que presentó a Aldama y a Claudio Rivas y que en octubre de 2020 hizo dos entregas de dinero negro en la sede del partido socialista por orden de Aldama.

La "mano derecha" de Aldama

La ronda de interrogatorios en abril la inaugura Alberto Escolano. La Guardia Civil sostiene que este empresario tiene una "participación esencial" no solo por compartir sociedades con Aldama (varias de ellas radicadas en Portugal), sino también por su cercanía personal con éste. La UCO detectó que Escolano se hizo con la custodia de documentación sensible que atesoraba el cabecilla de la trama Koldo y que evitó que fuera incautada por los agentes.

Tanto es así que una de las primeras cosas que hizo Aldama cuando salió de prisión fue recuperar este material confidencial que le había confiado a Escolano. El mismo día está citado también Carlos Castillo, administrador único de Combustibles Lucinala S.L. Un día después comparecerá Francisca de Santos Álvarez, y el 3 de abril cerrarán la ronda Jaime Salmerón (administrador de Carburantes Jalón Plaza S.L); Iván Castañer y Villafuel, como persona jurídica.

De esta forma, el magistrado Pedraz da impulso a este procedimiento penal que se centra en un presunto fraude de 182 millones de euros al fisco mediante una trama de fraude de IVA que operaba en el sector de los hidrocarburos. La UCO sitúa en la cúspide de esta presunta organización criminal a Aldama y a Claudio Rivas (dueño de Villafuel) y otorga un papel de especial relevancia a la hermana de este último, María Luisa Rivas. Anticorrupción advirtió en su querella inicial, del pasado mes de junio que la firma no reunía los requisitos para operar, pese a que en 2020 el Ministerio de Transición Ecológico a cuyo frente estaba Teresa Ribera, le otorgó la licencia.