La juez que investiga al hermano de Sánchez defiende que se esclarezca también si se contrató "a personas de su confianza"

La juez que investiga a David Sánchez cree que la Diputación de Badajoz no solamente creó en 2017 un puesto de trabajo de alta dirección "a medida" del hermano del presidente del Gobierno, y que posteriormente se fueron "modificando sus funciones según sus peticiones" -convirtiéndose en 2022 en jefe de la Oficina de Artes Escénicas-, sino que además "se habría contratado a personas de su confianza para auxiliarle" en su desempeño profesional. Para la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, intentar esclarecer esto último no supone "una improcedente ampliación de los contornos de la investigación".

El hermano del presidente del Gobierno recurrió la decisión de Biedma del pasado 20 de enero, cuando reclamó a la Diputación de Badajoz la documentación relativa a la creación del puesto de trabajo de las dos personas con las que David Sánchez afirmó trabajar habitualmente -el exasesor de Moncloa Luis Carrero y Ángel Seco- tras constatar en el análisis de los correos intervenidos que su relación labora con ellos se remonta "mucho antes" de que apareciesen en el organigrama del área de Cultura de la institución que preside Miguel Ángel Gallardo, líder de los socialistas extremeños, también imputado.

Para la defensa, esa resolución se adoptó sin indicios que la justifiquen, suponiendo "una evidente ampliación de los contornos de la investigación". Pero la instructora replica que el objeto del proceso "no siempre se encuentra plenamente delimitado en el momento en que el proceso penal comienza" y es a medida que avanza la investigación cuando "se va conociendo más y mejor y va poniéndose de relieve con mayor precisión".

La magistrada recuerda a David Azagra, nombre artístico de Pedro Sánchez, que este procedimiento tiene por objeto, como "se le explicó directamente" en su comparecencia como investigado, la investigación de la supuesta comisión de delitos conta la Administración Pública que se habrían cometido en el procedimiento de creación y adjudicación del puesto de trabajo de alta dirección finalmente adjudicado a David Sánchez en 2017 -coordinador de las actividades de los conservatorios- "y en su posterior modificación a jefe de la Oficina de Artes Escénicas" (una oficina que ninguno de los investigados supo explicar en qué consistía).

Y es que la juez, insiste, ve indicios de que ese procedimiento sirvió "para dar cobertura de legalidad a la satisfacción de sus propias preferencias personales". De ahí que, añade, se le preguntara expresamente al hermano de Pedro Sánchez "con qué personas trabajaba diariamente en dicha Oficina de Artes Escénicas", respondiendo el investigado que "compartía despacho" con Luis Carrero y que también trabajaba con Ángel Seco, "no sabiendo especificar el cargo de este".

Pero Biedma hace hincapié en que en los organigramas aportados por la Diputación de Badajoz consta que ambos "ocupan puestos en la Delegación de Cultura con posterioridad a la fecha en que ya se relacionaban laboralmente" con David Sánchez. La instructora también ha solicitado a la Diputación los contratos que vinculan a Javier González Pereira -cuya contratación fue propuesta por el hermano del presidente del Gobierno- con el Proyecto Ópera Joven y "los informes justificativos para la contratación del mismo".

En esa misma resolución, Biedma defiende la instrucción frente a las críticas del abogado de Sánchez, quien considera que ha vulnerado la normativa procesal ampliando indebidamente el objeto del procedimiento gracias a la información que ha aflorado de manera "casual" en la investigación sin conexión con aquel.

"En el presente caso no nos hallamos ante ningún hallazgo casual", argumenta la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. La intervención de los correos de los investigados, entre ellos los del propio David Sánchez -recuerda- "tenía la finalidad de la investigación de los delitos cometidos en el procedimiento de creación y adjudicación" de su puesto de trabajo, y en la modificación posterior de su denominación, investigándose de este modo los posibles indicios de prevaricación y tráfico de influencias.

Esa intervención de los correos, hace hincapié, se justificó debidamente ante la existencia de indicios que apuntan a que "el puesto se creó para la adjudicación al sr. Sánchez, y se ha ido adaptando a sus necesidades y preferencias personales, dándole a todo el procedimiento apariencia de legalidad por los funcionarios correspondientes.

Todo ello, añade, está "íntimamente relacionado" con el hecho de que "las personas con las que tenía relaciones profesionales y al parecer, con el sr. Carrero también personales, según sus correos, y con anterioridad a que fueran contratadas por la Diputación, ocuparon después puestos de nueva creación que les fueron adjudicados".

Con ese afán, insiste la juez, la incautación de sus correos una de las finalidades de la incautación de sus correos era "conocer el contenido del puesto adjudicado" a David Sánchez "y el desempeño del mismo, lo que incluye sin duda alguna las personas que colaboran directamente con él". De hecho, subraya, en esa resolución se hacía referencia expresa a la "obtención de evidencias o pruebas directas de la participación de los investigados o de terceras personas en la comisión de los delitos objeto de investigación".

Por todo ello, concluye, resulta "necesario" examinar toda la documentación sobre la creación y adjudicación de dichos puestos, "sin que ello suponga ninguna utilización ilegítima de los correos –recuérdese que únicamente corporativos- intervenidos, ni una improcedente ampliación de los contornos de la investigación".