Juicio al "procés": 14 claves y una incógnita

El Supremo acoge el juicio más importante de su historia con doce acusados. La sentencia llegará en verano.

Tras meses de contumaz inobservancia de las resoluciones judiciales que culminaron con el referéndum ilegal del 1-O y con la posterior proclamación de independencia, el epílogo del desafío soberanista en Cataluña se escribirá a partir del próximo martes ante la cúspide del sistema judicial español. Pese a la sonada ausencia de Carles Puigdemont, doce impulsores del desafío soberanista se sentarán en el banquillo del Tribunal Supremo, en el que es sin duda el juicio más importante en sus dos siglos de historia, y afrontarán acusaciones de rebelión, sedición, organización criminal, malversación y desobediencia en un proceso con resonancias políticas en el que se enfrentan a unas peticiones de condena de la Fiscalía de entre siete y 25 años de prisión. Éstas son las claves de un juicio que previsiblemente durará tres meses y cuya sentencia se conocerá el próximo verano.

Doce acusados

El ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras encabeza la nómina de doce acusados, nueve de ellos en prisión provisional, en la que figuran además los ex consellers autonómicos Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundo y Santi Vila, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, el ex presidente de la ANC Jordi Sánchez y el líder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart.

Los delitos

La Fiscalía acusa a los líderes soberanistas de los delitos de rebelión agravada con malversación (Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forn), únicamente de rebelión (Sánchez, Cuixart y Forcadell) y de desobediencia y malversación (Borràs, Mundó y Vila), unas acusaciones que, por su parte, la Abogacía del Estado rebaja a sedición y a las que Vox añade el delito de organización criminal para todos los procesados.

Las penas

Junqueras, señalado como líder del «procés», acapara la mayor petición de condena: 25 años de prisión, y otros tantos de inhabilitación, pide para el líder de ERC la Fiscalía, que los Servicios Jurídicos del Estado reducen a doce y la acusación popular dispara hasta los 74. El Ministerio Público y la Abogacía sólo coinciden en los siete años de cárcel que solicitan para Borràs, Mundó y Vila (24 en el caso de Vox), mientras que para el resto de los acusados la Fiscalía reclama de 16 a 17 años de prisión, de 8 a 11 la Abogacía y de 62 a 74 Vox.

Los ausentes

Carles Puigdemont, huido a Bélgica, es la principal ausencia en el juicio. Está declarado en rebeldía, como los otros seis fugados: Anna Gabriel (CUP) –que de regresar a España sería juzgada previsiblemente en el TSJ de Cataluña, como sucederá con el resto de procesados acusados solo de desobediencia–, Marta Rovira (ERC) y cuatro ex consellers, repartidos entre Bélgica, Suiza y Escocia.

El tribunal

Presidido por el magistrado Manuel Marchena (al que las defensas intentaron recusar sin éxito tras conocerse los WhatsApps del senador del PP Ignacio Cosidó sobre el supuesto control de la Sala Segunda del Supremo que garantizaba la elección de Marchena como presidente del tribunal y del CGPJ), está integrado además por tres jueces de perfil progresista –Luciano Varela, Ana Ferrer (ambos de Juezas y Jueces para la Democracia) y Andrés Martínez Arrieta (Asociación Judicial Francisco de Vitoria)– y otros tantos de adscripción conservadora –Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo (los dos de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura) y Andrés Palomo–.

Los testigos

Más de 500 testigos comparecerán ante el tribunal (la mitad a instancia de la Fiscalía). En esa nómina figuran, entre otros, Mariano Rajoy, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ex ministro Cristóbal Montoro; el ex presidente de la Generalitat Artur Mas; el presidente del Parlament Roger Torrent; la alcaldesa de Barcelona Ada Colau; los diputados de ERC Joan Tardà y Gabriel Rufián; la ex coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal; el ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero; el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que coordinó el dispositivo policial del 1-O; decenas de agentes heridos durante la jornada electoral y un centenar de ciudadanos, algunos de los cuales resultaron lesionados por la actuación policial, que participaron en el referéndum ilegal. No estarán, sin embargo, ni el Rey ni Puigdemnont, ni el ex director de la Policía Ignacio Cosidó, cuyos testimonios rechazó el tribunal.

El origen del «procés»

La Fiscalía sitúa en diciembre de 2012 el germen del proceso soberanista, con el Acuerdo para la Transición Nacional firmado por el entonces president Artur Mas y el líder de ERC, Oriol Junqueras, que incluía la celebración de una consulta soberanista que finalmente se celebró contra viento y marea el 9-N de ese año, y que acarreó la inhabilitación de Mas tras ser condenado por desobediencia. Posteriormente, en marzo de 2015, la extinta Convergència, ERC, las entidades soberanistas ANC y Òmnium y la Asociación de Municipios por la Independencia formalizaron la hoja de ruta del «procés», que culminó con el referéndum del 1-O.

¿Violencia o incidentes?

El delito de rebelión precisa de la existencia de violencia. ¿Hubo violencia en el «procés»? Fiscalía (secundada por Vox) y Abogacía del Estado discrepan. Para la primera, el plan independentista preveía oponerse «con todos los medios, incluida la violencia en un caso extremo» a las órdenes judiciales que tratasen de impedir el referéndum. La Abogacía cambió de criterio al final de la instrucción y acusa de sedición al apreciar únicamente «incidentes de orden público» en el asedio a la Consejería de Economía y «situaciones de tensión, disturbios y enfrentamientos» el 1-O.

Ataque a la legalidad

El plan independentista –plasmado en el documento Enfocats incautado al número dos de Junqueras– pasaba por «orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales» con el objetivo de declarar la independencia de Cataluña y «obligar al Estado a aceptar la separación», lo que «estuvieron a punto de lograr» poniendo en grave peligro el orden constitucional. Un «permanente ataque a la legalidad» que los acusados «planificaron y organizaron».

Vía unilateral

Desde el principio, asegura la Fiscalía en su escrito de acusación, el desafío soberanista contemplaba «nítidamente la alternativa de la vía unilateral y el llamamiento a la ciudadanía para oponerse a la respuesta del Estado».

Los tres ejes

La Fiscalía sostiene que el plan soberanista se construyó sobre la «acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos: parlamentario, ejecutivo y social». El primero, para aprobar las leyes «abiertamente inconstitucionales» y dar cobertura a la Cataluña independiente; el segundo, con la misión de convocar el referéndum ilegal y el tercero, para conseguir la movilización popular «como instrumento de presión».

El 1-O, «a toda costa»

El referéndum independentista era la «pieza esencial» del «procés» y había que celebrarlo «a toda costa», valiéndose para ello de la poblacion civil. Hasta el punto de que Junqueras y Forn, entonces conseller de Interior, desoyeron tres días antes la recomendación de los mandos de los Mossos de que se suspendiese la votación tras los graves incidentes acaecidos durante el registro de la sede de Economía.

Muros humanos

La Fiscalía ve determinante «el violento y agresivo enfrentamiento propiciado frente a la actuación policial por la masa congregada en los distintos colegios electorales, que actuaron a modo de muro humano» para que los agentes «no pudieran desempeñar su cometido». El saldo, según el Ministerio Público, fue de 93 agentes heridos y cuatro ciudadanos ingresados al sufrir heridas. La Generalitat, sin embargo, elevó a más de un millar el número de lesionados.

Mossos, de brazos cruzados

La Policía autonómica se plegó a los intereses independentistas según las acusaciones, poniendo en marcha «un plan de actuación fraudulento» que se plasmó el 1-O en un aparente acatamiento de las resoluciones judiciales que ordenaban impedir la consulta para, en realidad, optar por la «inacción y dejación de funciones». Días antes, en el asedio a la Conselleria de Economía para impedir el registro judicial, los Mossos «cooperaron de forma decisiva, consciente e intencionada» con los independentistas propiciando que se congregaran hasta 40.000 personas «en actitud obstaculizadora y hostil» cada vez «más agresiva» (la secretaria judicial tuvo que abandonar el edificio por la azotea de un teatro contiguo y los últimos agentes salieron de madrugada).