4.700 euros

La JEC multa a la portavoz del Gobierno por hacer «electoralismo» desde Moncloa

Considera que Isabel Rodríguez vulneró la obligada neutralidad institucional en dos comparecencias en la precampaña del 28M

La Junta Electoral Central (JEC) ha multado con 4.700 euros a la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, por hacer un uso electoralista de dos ruedas de prensa tras los consejos de ministros celebrados el 25 de abril y el 3 de mayo pasados, vulnerando la obligada neutralidad institucional en periodo electoral. Así lo ha acordado la JEC en sendos expedientes en los que reprocha a la ministra sus ataques al PP y los elogios a la gestión del Ejecutivo, en lo que considera «manifestaciones valorativas con connotaciones electoralistas», algo que ya le afeó –recuerda– con motivo de otras dos comparecencias del 4 y 18 de abril. Rodríguez tiene ahora la posibilidad de recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

La Junta Electoral recuerda que el artículo 50.2 de la Loreg prohíbe «cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos, que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por las autoridades públicas». Y señala que en la rueda de prensa del 25 de abril, en la que –a preguntas de los periodistas sobre las críticas del PP al traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera para tapar las discrepancias en el Gobierno– aseguró que en cuanto ala resolución de los problemas del país al PP «ni está ni se le espera». «No ha estado cuando se le necesitaba para dar respuesta a la pandemia y no ha participado de todos y cada uno de los grandes avances que ha protagonizado este país». Para la JEC, estas manifestaciones (por las que le multa con 2.200 euros) suponen «alusiones valorativas que descalifican la actuación de un determinado partido» y «apreciaciones negativas respecto de su capacidad o sus intenciones», lo que califica de «connotaciones electoralistas» legítimas en un acto de campaña, pero no «en el desempeño de la actividad institucional propia de una autoridad pública». «Todo alto cargo –le recuerda– vienen obligado, durante la duración del periodo electoral, a extremar su diligencia para evitar vulnerar el principio de neutralidad».

Y en cuanto al hecho de que la ministra portavoz cuestionase en sus alegaciones la naturaleza pública de esas ruedas de prensa, la Junta Electoral zanja la cuestión esgrimiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que señaló que «pretender que la rueda de prensa celebrada en el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros no es un acto organizado o financiado por los poderes públicos roza lo temerario».

La ministra portavoz esgrimió en sus alegaciones que sus manifestaciones fueron «espontáneas» y que se limitó a contestar a las preguntas de los periodistas, por lo que su intencionalidad fue «mínima». Además, defendió el derecho del Ejecutivo a defenderse de las críticas de otros partidos «en igualdad de condiciones» y puso en valor que el Gobierno retiró de la web de Moncloa (aunque la Junta Electoral le recuerda que no se hizo hasta que se abrió el expediente sancionador).

Valoraciones "críticas"

Pero para la JEC sus palabras suponen una «clara descalificación de un partido de la oposición» a la vez que «un paralelo elogio de la gestión» del Gobierno.

En cuanto a la segunda comparecencia por la que ha resultado multado, la rueda de prensa celebrada el 3 de mayo (en este caso con 2.500 euros), la JEC recuerda que la portavoz gubernamental reprochó al PP su «instrumentalización de la Justicia» (preguntada por una reunión con la Asociación de Fiscales) y su «campaña de deslegitimación» del Gobierno» (en relación al incidente con Bolaños en la tribuna de autoridades en la festividad del Dos de Mayo en Madrid).

Rodríguez expuso que solo pretendía defender la posición del Gobierno y que no hizo una «venta de logros» del Ejecutivo. Sin embargo, la JEC considera que calificar al PP de «partido antisistema, extremista, que busca deslegitimar al Gobierno», y a la vez reivindicar la gestión gubernamental, acarrea «un quebrantamiento del principio de neutralidad institucional». Son, deja claro, "valoraciones y apreciaciones críticas con la posición y las decisiones de uno de los partidos de la oposición".

La ministra, dice la JEC, ha faltado "a la diligencia con que toda autoridad pública debe desenvolverse en los actos institucionales para evitar vulnerar el deber de neutralidad".