La acción popular pide seis años de cárcel para Mas por el 9-N

La acción popular por el «caso del 9-N», ejercida por el Sindicato Profesional de la Policía, la Unión Federal de Policía, la asociación Arca Ibérica y Manos Limpias, solicita seis años de cárcel y 22 de inhabilitación para empleo o cargo público para cada uno de los tres acusados en esta causa: el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Educación Irene Rigau. A todos ellos les imputa los delitos de desobediencia a un mandato judicial, prevaricación y malversación de caudales públicos. Alternativamente, reclama seis años de cárcel y diez de inhabilitación. La Fiscalía les imputa desobediencia y prevaricación, pero no malversación, al entender que todos los gastos relacionados con la consulta se realizaron con anterioridad a que el Tribunal Constitucional suspendiese la misma. Ahora, corresponderá al TSJ de Cataluña fijar los delitos por los que finalmente serán juzgados.

En el escrito de la acción popular se destaca que ninguno de los acusados dio «orden alguna tendente a hacer cumplir la providencia de suspensión» acordada por el TC, «ni se dictó resolución verbal o escrita para suspender los actos preparatorios, los actos vinculantes a la consulta o la propia consulta». En cambio, se añade al respecto, se promovieron todos los actos necesarios para que se llevara a cabo, «desobedeciendo la orden dada» por el TC.

Así, se relata cómo se diseñó una página web oficial de información y para la inscripción de voluntarios; posteriormente, se envió información postal sobre la consulta; se realizó una campaña de publicidad institucional; y se utilizaron centros educativos públicos para llevar a cabo la votación, donde se instalaron previamente los ordenadores portátiles –unos 7.000 que se habían adquirido.

Para todo ello, fue necesario que la Generalitat destinase una importante cantidad de dinero, que la acción popular cuantifica en 4,7 millones de euros. «Esta cantidad de dinero público no fue destinada al desarrollo de una función pública, ni aplicada a un fin lícito, sino que se destinó, indebidamente, a la celebración de un acto ilegal, que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional».