La Audiencia asumirá los casos de grandes quiebras de empresas

El Gobierno no se plantea disminuir el papel de la Audiencia Nacional, pese a que se puede producir un escenario con la banda terrorista ETA disuelta. Más bien, sus objetivos pasan por todo lo contrario, es decir, fortalecerá y dotarla de nuevas competencias. En concreto, se prevé que cuente con una Sala Civil, que se sumará a las ya existentes de lo Penal, Social y Contencioso-Administrativo, lo que se recogerá en la reforma que se ultima de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del Ejecutivo. En concreto, tendrá una Sala de Instancia Civil y una Superior de lo Civil, que será la que conozca los recursos contra las resoluciones de la primera de ellas.

Esta nueva Sala Civil se encargará de conocer y enjuiciar todos los asuntos económicos de especial envergadura, ya sea por su índole económica o por afectar a un número importante y elevado de perjudicados, y ello – y es quizás una de sus peculiaridades– alñ margen de que los hechos investigados sean o no constitutivos de delitos. De esta forma, según las fuentes consultadas, se logrará «concentrar la competencia en un solo órgano, sin que se dispersen esas reclamaciones por los distintos juzgados y tribunales del territorio español, favoreciendo la especialización y evitando posibles resoluciones contradictorias de un mismo asunto».

Entre las competencias que la nueva LOPJ otorgará a la nueva Sala Civil, figurarán las reclamaciones de cantidad superiores a cinco millones de euros, a demandas colectivas presentadas por asociaciones de consumidores y usuarios contra cláusulas abusivas o de condiciones generales de contratación, así como de la responsabilidad civil derivada de grandes catástrofes naturales y aquellas que afecten a más de una comunidad autónoma si existen más de 50 perjudicados por la misma.

Además, la nueva ley otorgará a la Sala Civil la competencia para conocer de los concursos de acreedores más importantes, bien porque el importe de la deuda supere los 100 millones de euros o porque el activo de la masa de la empresa o la cifra de negocios de la empresa quebrada supere la mencionada cantidad, en cualquiera de los tres ejercicios anteriores. También resolverá todo lo que afecte a los concursos presentados cuando el número de acreedores supere los 1000 y tengan su domicilio en distintas partes del territorio nacional, o cuando el deudor cuente con más de 1000 empleados durante el año anterior a la declaración de concurso o el día de presentarse éste, o 500 empleados en aquellos supuestos en que la empresa afectada haya modificado de forma más que notable las condiciones de trabajo o acordado la extinción de todos los puestos.

En el mismo sentido, resolverá aquellos concursos de empresas con más de 50 centros laborales (fábricas u oficinas). Bastaría también con que cinco de ellas tuviesen su sede en provincias distintas.

Importante será también el papel de la Audiencia Nacional en fallar sobre los concursos presentados por empresas que coticen con valores negociados en mercados, o en aquellos casos de que se trate de entidades de créditos o aseguradoras.

Con estas nuevas competencias en material civil, la Audiencia, aseguran al respecto fuentes próximas al Ejecutivo, se consolida y reafirma «el papel de este órgano como referente para asuntos de calado, bien por su dimensión, cuantía, relevancia o dispersión por diversas partes del territorio español».